El reciente visto bueno del Consell Juridic Consultiu (CJC) al proyecto de Ley de Mancomunidades de la Generalitat Valenciana, así como la presentación de una proposición de ley por parte de Compromís para formalizar legalmente la demarcación territorial por comarcas ha encrespado los ánimos en el PP alicantino, que ha vuelto a ver en ambas iniciativas legislativas una amenaza para la Diputación Provincial, el gran bastión de los populares en la provincia de Alicante tras los comicios de 2015.

La Ley de Mancomunidades trata de fomentar este tipo de estructuras supramunicipales y definir el régimen jurídico que las regule respetando «el carácter asociativo reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, ya que la naturaleza de las mancomunidades de ámbito comarcal viene marcada por el carácter de voluntariedad, otorgando a los municipios la libertad de elección y adaptación a dicho modelo», según explica el Consell. Los municipios podrán asociarse voluntariamente en mancomunidades de servicios o en mancomunidades de ámbito comarcal con el fin de servirse de ellas para la prestación en común de servicios y la ejecución de obras de su competencia. En este sentido, «la Generalitat y las diputaciones provinciales prestarán especial asesoramiento y apoyo a las mancomunidades de ámbito comarcal», insiste la Generalitat.

Las inversiones propuestas por las mancomunidades que supongan ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios, así como dentro de los programas y planes de inversiones de los distintos departamentos de la Generalitat. Por último, la Generalitat y las diputaciones «fomentarán que se dé participación a las mancomunidades de ámbito comarcal en los programas y actuaciones que hayan de realizarse en su ámbito», según recoge el texto.

Sin embargo el PP de Alicante ha visto en esta ley una afrenta clara desde el Consell -otra más- a sus funciones y ámbito de actuación, a lo que se suma el malestar que ha ocasionado en la formación la proposición de ley de Compromís para legalizar las comarcas en beneficio de una demarcación territorial que deje atrás el modelo provincial que la coalición describe en el texto presentado como «desvertebrador y desnaturalizador de la identidad valenciana». Por ello, el vicesecretario general de Política y Organización, Rafa Candela, exigió ayer al grupo socialista de la Diputación que abandone, devuelva sus subvenciones y trabaje por sus municipios desde los ayuntamientos «si no cree ni en la provincia ni en sus instituciones». «El PSPV menosprecia la identidad de la provincia al apoyar la Ley de Mancomunidades, que supondría finiquitar la provincia de Alicante para dividirla en entes comarcales, multiplicar gastos y malgastar fondos que podrían ir a parar a los municipios a través de los programas que gestiona ahora mismo la Diputación». El PP intenta presionar al PSPV sacando el discurso del modelo catalán: o los socialistas defienden la provincia para evitar la disgregación provincial o defiende la ley de Mancomunidades y la demarcación por comarcas «en una ley innecesaria, desvertebradora y obsoleta que busca desnaturalizar la Comunidad y la provincia para convertirlas en satélites de los Països Catalans», indicó Candela, en la misma línea en la que se expresaba recientemente el presidente de la Diputación, César Sánchez. Destacó que la demarcación comarcal que propone Compromís en su proposición no es acorde con los partidos judiciales, que son los que tienen validez jurídica.

El dirigente popular defendió a César Sánchez, acusado por la portavoz adjunta del grupo socialista en la Diputación, Carolina Gracia, de «no hacer bien su trabajo». Enfatizó que el presidente de la Diputación defiende la provincia de Alicante de «todos los ataques que vienen de Valencia», como evitar que la Generalitat gestione el presupuesto de turismo para la Costa Blanca gracias al recurso contra el decreto del Consell, y recurriendo en los tribunales el plurilingüismo del Conseller Marzà.