El principal documento estratégico que debatirá el PP en su próximo congreso provincial, convocado para el 27 de mayo en Torrevieja, reclama, entre otras cosas, un incremento de las inversiones en la provincia -sea de Madrid sea de Valencia- pero, sobre todo, un mayor peso de Alicante en las grandes decisiones estratégicas que le afectan. Despachada por incomparecencia de rivales la reelección para un segundo mandato de José Císcar como jefe del aparato del PP, la ponencia política -coordinada por el diputado provincial y aspirante a liderar el partido en la capital Carlos Castillo- hilvana en un mismo relato el argumentario de los dos principales centros de poder popular: la sede bajo control de Císcar y la Diputación al mando de César Sánchez. El reparto de papeles de la bicefalia del PP en la provincia de Alicante trasladado a un documento que recoge tanto la estrategia orgánica -regeneración frente a la corrupción, el ataque frontal al modelo educativo de Compromís, más poder para Alicante...- como la de la Diputación, con una defensa de la institución, de sus competencias y de proyectos como la ley de financiación local o la zona franca.

La propuesta de ponencia -de 25 páginas, en la que han colaborado Laura Matilla, Francisco Sáez e Isidro Monzó- será remitida en las próximas horas a los militantes que se han apuntado a participar en el congreso para que puedan registrar enmiendas. El hilo conductor del texto -bajo un título trazado con toda la intención: Más provincia- tiene como objetivo potenciar el papel de Alicante. Después de las últimas elecciones autonómicas y municipales, la Diputación se convirtió casi en el último reducto institucional del PP y en uno de los arietes que está intentando usar la dirección de Isabel Bonig para desgastar al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra. Con Castellón -la otra gran corporación en manos de los populares- al margen de esa estrategia de oposición frontal y con el PP de València en llamas, el papel de Alicante es determinante para su futuro.

El documento coordinado por Carlos Castillo reclama más inversiones para la provincia tanto desde Madrid como también desde el Consell. A pesar de que los populares alicantinos están obviando en sus mociones locales la discriminación desde el Estado por decisión de Mariano Rajoy, en la ponencia reclaman igualar las inversiones al peso de Alicante no sólo en población sino también acorde a su capacidad productiva para mejorar la actividad económica. Deben aproximarse a la media, reclaman los autores. Además con a una petición explícita -falta por ver si en Madrid la atienden- para «acelerar» el Corredor Mediterráneo. En este sentido, los populares hacen una apuesta clara por aumentar el tono de la voz de la provincia en las grandes decisiones que le afectan, una carga de profundidad al proceso, por ejemplo, que puede desembocar en la perdida de representatividad de la patronal alicantina. «El Partido Popular debe desarrollar una estrategia para potenciar la presencia de representantes de la provincia en las instituciones y organismos en los que se toman decisiones trascendentes», recoge la ponencia en uno de sus pasajes de forma textual.

Ese poder de cara al exterior de Alicante como territorio lo apuntala el documento con una defensa cerrada del papel de la Diputación, que los populares consideran amenazada por la acción política del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra con los decretos de coordinación, algunos ya tumbados por el Tribunal Superior de Justicia -Turismo y Deportes- y otros en negociación como el referido a servicios de Bienestar Social. Pide la ponencia que se debatirá en el congreso del PP definir y fijar las competencias de la Diputación para blindar la provincia frente al Consell. Una estrategia que, de acuerdo con el documento, incluye iniciativas, lanzadas casi desde el arranque del mandato por César Sánchez, como la Ley de Financiación Local a modo de alternativa al Fondo de Cooperación Municipal, uno de los focos de fricción de la relación entre la corporación provincial y la Generalitat; proyectos -es verdad que casi inéditos hasta ahora- como la zona franca en el Puerto de Alicante; o un entramado comarcal controlado desde el Palacio de la Avenida de la Estación.

Los populares consideran, sin duda, que uno de los puntos que les permitirá remontar posiciones en los comicios de 2019 será, precisamente, la crítica a la gestión del Consell en Educación con la batalla de la concertada y del plurilingüismo. La ponencia lanza un guiño a esos colectivos con el reconocimiento de la libertad de los padres a la hora de elegir centros educativos y con la propuesta de potenciar al máximo la carga lectiva en inglés aunque intentando suavizar el discurso sobre la normalización del valenciano, del que aspiran, dicen en el PP, a que tenga un «uso y conocimiento avanzado» pero evitando cualquier discriminación y conforme a la realidad sociolingüística de Alicante.