En el juicio del caso Emarsa que comienza mañana las acusaciones tendrán que demostrar que una red de políticos y empresarios saqueó los fondos públicos de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2010. Tendrán que acreditar que se desviaron hasta 23 millones de euros de los presupuestos públicos en obras ficticias, tratamiento de lodos y el gasto en todo tipo de regalos y viajes nada acordes al negocio del agua.

De momento, la instrucción ha conseguido asegurarse la recuperación de parte del dinero gracias a los embargos a los 25 acusados y al dinero que ya han ingresado algunos de ellos tras reconocer los delitos y devolver el dinero malversado. Según la información presente en la instrucción del caso, que consta de más de cien tomos y 200.000 folios, la Justicia tiene embargados bienes por valor de 7.762.266,64 euros, aunque la cifra podría ser muy superior porque algunos de los inmuebles y vehículos todavía no han sido tasados y se desconoce el valor.

En estos momentos la Justicia tiene confiscados a los 25 acusados -algunos deben responder de manera subsidiaria al presunto agujero de 23 millones- 51 inmuebles (pisos, chalés y plazas de garaje); 15 vehículos (coches, motos y camiones); 34 cuentas corrientes (2,6 millones), seguros, bonos y planes de pensiones; y 33 empresas o participaciones en las mismas. Esta iniciativa ha sido posible gracias a las peticiones de las acusaciones, entre ellas la popular ejercida por el PSPV, y la particular, que realiza la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos.

Aunque los embargos no cubren el total del saqueo sí aseguran una parte importante del mismo, máxime cuando el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo y su familia ganaron el juicio de la lotería -una pieza separada, en la que el juez había embargado 12,7 millones.