Casa Mediterráneo, la institución pública creada en Alicante durante el mandato del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para estrechar lazos con los países mediterráneos, ha reducido a mínimos su actividad pese a acumular 2,6 millones de euros a plazo fijo en distintas cuentas bancarias. Los actos desarrollados por esta entidad de diplomacia pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Alicante y Benidorm, se reducen a una media de dos a cuatro eventos mensuales, siendo en su mayoría exposiciones, presentaciones o conciertos. Solo ocasionalmente la institución pública se convierte en un foro de encuentro internacional de los países de la cuenca mediterránea.
La rehabilitación de la antigua estación de Benalúa que acoge su sede se quedó a mitad, ya que los años de crisis arruinaron las siguientes fases del proyecto de recuperación que se inició en 2010. Desde su nacimiento, ha estado aquejada por los recortes, despidos y la falta de inversión y en ella actualmente solo trabajan en plantilla cinco personas. No obstante la institución tiene bloqueados a plazo fijo 2,6 millones de euros según se refleja en el último estado de las cuentas correspondiente al año 2015, aunque en los estatutos no consta en ningún punto que pueda invertir sus fondos en este tipo de operaciones.
El bloqueo de ese dinero parece no gustar nada al Consell, que este año retoma la presidencia de la institución que comparte con el Ministerio de Asuntos Exteriores cada dos años. Fuentes de la Generalitat cuestionaron que el organismo público pueda destinar fondos a inversiones a plazo fijo ya que no forman parte de su actividad ni de sus fines.
Las dudas del Consell sobre Casa Mediterráneo surgen con fuerza ahora que la Conselleria de Transparencia y Cooperación busca insuflar aire y actividad a la institución durante el tiempo que le toque abanderar la presidencia. Entre sus planes se encuentra dar un impulso a la programación de las actividades, ampliar su radio de acción a la situación de los refugiados, reorientar la gestión económica, dejar fuera del Consorcio y por tanto del órgano rector al Ayuntamiento de Benidorm y dar participación en el mismo a las universidades y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo). El Consell quiere reunirse con el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar todas estas cuestiones y estudiar de dónde salen y con qué fin esos 2,6 millones en depósitos a plazo fijo en una institución que precisamente no destaca por su holgada situación económica.
Por su parte, fuentes de Exteriores confirmaron que Casa Mediterráneo tiene acumulado desde 2009 un patrimonio mobiliario en distintos depósitos bancarios renovables e insistieron en que el Consejo Rector es conocedor de ese patrimonio al igual que el Tribunal de Cuentas. Insisten las citadas fuentes en que corresponde al Consejo Rector decidir sobre el destino del patrimonio mobiliario de la Casa y que ningún consorciado ha propuesto ningún destino específico distinto a estos depósitos mobiliarios. No deben producir asombro, aseguran, pues es la manera de conservar el dinero sin invertir ni arriesgar su capital. Exteriores añade que los intereses generados se acumulan con las nuevas renovaciones de depósito y que el Consejo Rector está informado de la contabilidad de la Casa «con el máximo detalle». Además, subrayan que el director general de Casa Mediterráneo, Miguel Olvieros, como el resto de directores, no puede dar uso distinto al patrimonio al que le instruya el propio Consejo Rector porque no es su competencia.
Por otra parte, respecto a las obras de la estación, recordaron a preguntas de este diario que éstas dependen del Ministerio de Fomento, propietario de la estación -Casa Mediterráneo sólo tiene la cesión de su uso- y anunciaron que actualmente hay un trámite para formalizar un protocolo que dé luz verde al inicio de la fase de finalización de obras.
La aportación a Casa Mediterráneo por parte del Ministerio es de 740.000 euros, seguida de los 500.000 euros que pone el Consell. En el último año, el Ayuntamiento de Alicante no puso nada.
