El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso Contencioso-Administrativo presentado por la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación, según confirmaron ayer fuentes de la institución provincial. La decisión del tribunal de asumir la única reclamación judicial presentada por una institución pública contra el decreto del conseller Vicent Marzà supone una amenaza a la política lingüística del Consell, ya que en el recurso presentado por la Diputación se exige la suspensión cautelar del decreto de Educación sobre el plurilingüismo, en fase de adaptación, para que no pueda aplicarse el curso que viene. El TSJ ha admitido también el recurso presentado por los padres de la enseñanza tanto pública como cencertada, que se han unido para luchar vía judicial contra el decreto.

La Diputación presentó el último día de plazo permitido para ello un recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de la Comunidad en el que argumentó que la institución alicantina tiene potestad para defender los intereses de los municipios alicantinos ante un decreto que considera que no respeta las particularidades de la provincia de Alicante en materia lingüística, según señaló el vicepresidente y portavoz de la Diputación, Carlos Castillo. Aunque la admisión a trámite no supone todavía pronunciarse sobre la suspensión cautelar del decreto, Castillo reclamó ayer a Marzà la paralización de la normativa «por pura prudencia». «Lo prudente por parte del Consell es la paralización de toda acción que se derive del decreto ya que saben que está solicitada la suspensión cautelar», indicó el portavoz del equipo de gobierno de la institución alicantina, quien está liderando la confrontación en los asuntos lingüísticos.

La Diputación ya llevó a los tribunales los decretos del Consell de Turismo y Deportes por entender que se inmiscuían en la autonomía de la institución. Finalmente, el TSJ aceptó el recurso de las diputaciones de Alicante y Castellón y suspendió la normativa. Hasta el momento, la institución provincial ha seguido una línea de guerra constante ante el Consell, donde la tensión se rebajó durante el pasado verano, pero que volvió a resurgir en el campo de batalla debido a asuntos ante los que la Diputación ha mostrado un fuerte rechazo. No hay que olvidar su confrontación a la política turística de la Generalitat, a la red Xarxa Llibres, al Fondo de Cooperación del Consell y al modelo lingüístico educativo, iniciativas de la Generalitat sobre las que el PP ha construido su discurso de política de imposición.

La decisión del tribunal, según explicó Castillo, «avala la absoluta legitimidad de la institución de recurrir medidas que vulneran la Constitución y lesionan los intereses generales de la provincia de Alicante, en contra de lo que afirmaba la Generalitat Valenciana». Con estas palabras Castillo contestaba así a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, que dijo que la Diputación «no pintaba fava» en materia educativa.

Es cierto que la Diputación no tiene competencias en Educación -de hecho, su argumento ante el tribunal autonómico así lo recuerda- por lo que apela a su papel como institución provincial con potestad para la defensa de los intereses de los municipios de la provincia, que considera dañados con el decreto. Especialmente, en zonas de habla castellana, como la Vega Baja.