La batalla contra los «enchufados» de las empresas y fundaciones públicas de la Generalitat fue una de las banderas de Compromís cuando estaba en la oposición. El hoy presidente de las Cortes y en su día portavoz del grupo parlamentario de la coalición, Enric Morera, protagonizó algunas de las intervenciones más sonadas al llegar a cifrar en 15.000 las personas que habían recalado en la administración popular sin superar ningún proceso electivo. La mayoría de ellas, aseguraba entonces Compromís, había encontrado acomodo en el sector público. La formación, hoy socia de gobierno del PSPV en el Consell, llegó incluso a poner en marcha una web para recibir denuncias e identificar a quienes habían sido contratados a dedo.
Con este compromiso de «limpiar» la administración de afines al PP, la solución que la Conselleria de Hacienda pretende dar a la plantilla del sector público ha caído como un jarro de agua fría en Compromís, que ya está analizando cómo plantar batalla.
El anteproyecto de ley reguladora del sector público empresarial no recoge ninguna fórmula para obligar al personal que en su momemto fue contratado a dedo a pasar una oposición para consolidar su puesto. La norma contempla el sistema de concurso-oposición para futuras incorporaciones, pero en lo referente a la actual plantilla se acerca más a una ley de punto final ya que incluso contempla que los laborales fijos (al margen de su acceso) puedan quedar integrados en la Administración del Consell con la figura «a extinguir». Es decir, se les da la posibilidad, eso sí, sin convertirse en funcionarios, de seguir en sus puestos hasta la jubilación.
El borrador del anteproyecto está listo, pero todavía no se ha iniciado el trámite para su aprobación. Es decir, la Conselleria no lo ha remitido al resto de departamentos para que presenten las alegaciones pertinentes.
