El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer un nuevo modelo mixto para gestionar la recaudación del 0,7 % del IRPF destinado a fines de interés social, que constará de un tramo estatal y otro autonómico. Este acuerdo, según informó ayer la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra, se ha logrado después de que la delegación valenciana, junto a la mayoría de comunidades autónomas, se hayan opuesto a la propuesta de real decreto aportada por el Ejecutivo central por no estar consensuada y no garantizar la seguridad jurídica de las entidades del tercer sector.

En la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se analizó el futuro del programa de subvenciones del IRPF, tras la sentencia del Constitucional de enero pasado que determina que el Gobierno traslade a las autonomías la gestión de la financiación de las ONG que deriva de la recaudación del IRPF de acción social.

La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas destacó al salir del encuentro que desde la Comunitat Valenciana se había favorecido este acuerdo de mínimos, tras afirmar que los representantes de las distintas autonomías se habían sentido «insultados» al inicio de la reunión.

La concreción de este modelo se elaborará en la comisión que se convocará en un máximo de 8 días y en mayo se reunirá de nuevo el consejo territorial para aprobar el texto que esta comisión haya elaborado, y finalmente se creará un grupo de trabajo para perfilar el modelo a partir del año 2018, que tendrá un carácter «más definitivo».

«Lección al gobierno»

Oltra señaló que la reunión también ha servido para que el Gobierno haya aprendido «una gran lección, y es que, en democracia, más vale un acuerdo unánime de mínimos, que una votación con la mayoría de las comunidades autónomas en contra».