El Ayuntamiento de València, la Diputación de València y probablemente también la Generalitat. El caso Imelsa parece no tener fin. Se extiende como una mancha de aceite por las principales instituciones valencianas, que alimentaron con mordidas a corruptos y corruptores cuando el mapa electoral valenciano se teñía de azul «popular». Ahora, según ha detectado la unidad de Recuperación del Dinero Sustraído del gobierno valenciano, se han identificado contratos de hasta 38 millones de euros suscritos entre distintas consellerias y las mismas empresas investigadas en la trama conocida como caso Taula, hecho que podría afectar a la instrucción de la causa.

Aunque por el momento no hay constancia de amaños de contratos, lo que sí existe es inquietud y desconfianza. El Consell teme que se haya seguido el mismo patrón que detalló Marcos Benavent en su comparecencia ante las Cortes, a través del cual se habrían repartido comisiones del 3% entre los conseguidores de estos acuerdos de las compañías beneficiarias con la administración pública. Ante esta sospecha, todas estas firmas están ahora bajo la lupa de esta unidad dependiente de la dirección general de relación con las Cortes que dirige Antonio Torres, según informaron a este diario fuentes de ella.

En concreto, se trata de aquellas relacionadas con contratos de publicidad, marketing, organización de congresos y contratación de azafatas, señalaron las mismas fuentes. En definitiva, las ligadas a la empresa de comunicación Engloba que desgranó el «exyonki del dinero», según añadieron.

Más de 30 casos

Este es el último de los frentes que se le ha abierto a la unidad de recuperación del dinero de la corrupción, que se dedica principalmente a «permanecer alerta» y coordinarse con las distintas áreas y empresas públicas afectadas por el expolio para que los fondos sustraídos del erario valenciano vuelvan a las arcas.

Se coordina con la Abogacía y la Intervención de la Generalitat, «vigila» que el proceso de retorno del dinero no se estanque entre que hay una sentencia en firme y llega a la administración, e insta a los distintos departamentos a personarse o entregar determinada documentación para agilizar el trámite.

En total, en estos momentos la unidad (que hace honor a su nombre y consta de un solo trabajador -descontando los dos cargos políticos-) está pendiente de más de 30 casos. Tres decenas de grietas, «con nombres y apellidos», por donde durante años se escabulló el dinero público. Más que grietas, eran cráteres.

Hasta ahora solo se han conseguido retornar unos 420.000 euros a las cuentas de la Generalitat provenientes del primer juicio del caso Blasco, así como unos pisos de la trama. Una ínfima parte de lo que se estima que ha costado la corrupción. El Consell espera recuperar, «tirando a la baja», según las fuentes del departamento de Torres, unos 50 millones de euros.

Entre los más urgentes se encuentran el de Valmor. En concreto, se investiga a dos empresas públicas de la Generalitat: SPTCV, quien pagó el cánon, y Circuito del Motor, quien compró la deuda de Valmor. En total, unos 24 millones. Junto al presunto desfalco motorístico, se está pendiente del juicio de Emarsa. El agujero de la depuradora de Pinedo se calcula en 20 millones de euros.

También está la Fundació Jaume el Just, de la que habló Benavent en su comparecencia y donde aparecen nombres como el de Vicente Burgos; Palau de les Arts, (donde se espera recuperar 674.000 euros); Gürtel; contratos menores con nueve consellerias y seis empresas públicas; Fitur (Milagrosa Martínez ha recurrido y no se puede hacer todavía efectiva la sentencia y encajar 275.000 euros); o Cooperación.