Usted es uno de los dirigentes del PP que ha defendido desde el primer momento los Presupuestos del Estado
En la Diputación hemos aprobado una moción con los votos del PP para reivindicar más inversión no sólo al Gobierno de España, sino también a la Generalitat. Cuando pensamos en lo que le hace falta a la provincia tenemos que pensar también en las inversiones autonómicas, que por ejemplo contemplan en el año 2017 dinero para únicamente dos centros educativos.
Rechazó en la Diputación una moción similar a la de las Cortes para aprobar otra que reclamara más inversión al Consell...
Entendimos que si teníamos que asumir un papel reivindicativo no podía ser únicamente ante el Gobierno de España, sino también frente a otra institución con obligación de atender a esta provincia.
¿Tanto le cuesta reconocer que los presupuestos del Gobierno del PP son lesivos para Alicante
Con mucha suerte se aprobarán en julio y serán de transición. Estamos trabajando ya para los del año que viene, aunque ahora se contemplan inversiones muy importantes como en el Corredor Mediterráneo, la variante de Benissa o el acceso al aeropuerto o la universidad. ¿Son mejorables? Sí.
¿Entonces cree que los presupuestos son justos con la provincia y no injustos como ha dicho José Manuel García Margallo
Todos hemos dicho que son mejorables: el PP de la Comunidad en las Cortes, Margallo y nosotros con una moción en la Diputación de Alicante. Pero insisto: cuando hablamos de inversiones hay que decir también que el Consell ha abandonado a esta provincia.
¿Sería partidario de que el PP enmendara los presupuestos?
Viene el debate parlamentario y muchos grupos políticos presentarán enmiendas. Lo importante ahora es que España tenga estabilidad, que es bueno para la Comunidad y la provincia de Alicante.
¿Qué gesto podría tener Mariano Rajoy con la provincia durante ese debate parlamentario?
(Largo Silencio). Vamos a ver el debate y ver qué podemos conseguir para la provincia de Alicante. Los presupuestos son mejorables en cuanto a inversiones.
La Diputación ha sido la primera institución bajo mando del PP en denunciar en los tribunales el decreto de plurilingüismo del conseller Vicent Marzà. ¿Es una batalla más contra el Consell?
Es una defensa más ante el Consell. Este es el gobierno del decreto y de la imposición. Los ciudadanos hoy exigen diálogo y acuerdo. Es inadmisible que el consenso que se había alcanzado en materia de lengua en la Comunidad se haya roto con un decreto que no está pactado, ni dialogado ni consensuado.
¿Por qué hasta ahora no había dicho nada sobre este decreto y su recurso pero sí se encargó de presentar y de anunciar el que presentó contra los decretos de Turismo y Deportes del Consell?
Desde la Diputación hablamos con muchos colectivos y alcaldes que vienen a trasladarme quejas e inquietudes. A plantearme hacia donde creen que debe caminar la sociedad. La inmensa mayoría está de acuerdo en que en materia de lengua no se podía romper el consenso que se alcanzó en la Llei de l'Ús i Ensenyament del Valencià. Y que era muy importante que si había que hacer un avance se hiciera a través del diálogo. En ese sentido el Consell se ha precipitado mucho. Lo mejor es que se deje el decreto encima de la mesa y abrir un proceso de participación ciudadana.
¿Por qué Carlos Castillo estaba más solo que la una en la rueda de prensa para presentar el recurso? ¿Había miedo a acompañarle porque en muchos de sus municipios se habla valenciano?
No hay ningún miedo ni motivos concretos. Simplemente Carlos Castillo es el portavoz del equipo de gobierno y asumió su papel.
Usted es alcalde de Calp, donde todos los colegios, como el conjunto de su comarca, han optado por el nivel más alto de valenciano. ¿Hasta qué punto se está creando un conflicto lingüístico?
Hablar de Calp no es hablar de Orihuela, y no tiene nada que ver la Marina Alta, donde hay normalización absoluta del valenciano, con la Vega Baja. Si el gobierno valenciano hubiera aplicado criterios de pedagogía y de máximo consenso tanto en la Vega Baja como en otros puntos de la provincia históricamente castellanohablantes se hubiesen logrado acuerdos. Por eso es tan importante dejar el decreto sobre la mesa. Hay que respetar la libertad de los padres. Las instituciones tenemos la responsabilidad de conseguir que nuestros hijos tengan las mejores oportunidades. Que nuestros hijos sepan más valenciano es mejorar sus oportunidades, pero para llegar a ese punto en zonas donde había un consenso histórico hay que hacerlo desde el diálogo.
¿Un funcionario encargado de la atención al público, debe tener conocimiento de las dos lenguas oficiales de la Comunidad?
En castellano, valenciano e inglés. La atención al público exige que poco a poco mejoremos el servicio y eso también se logra con más lenguas, sobre todo teniendo en cuenta que somos una provincia con mucha inmigración y un alto número de residentes europeos.
El presidente de la Generalitat quiere que SUMA sea el origen de la Agencia Tributaria Valenciana con sede en Alicante. ¿Está dispuesto a negociar este punto?
Es que el señor Ximo Puig, que se vanagloria de haber venido mucho a la provincia, todavía no ha pisado la sede del Palacio Provincial. Entonces veo que el Consell funciona con anuncios de prensa y decretos.
Pero Suma está exportando su modelo tributario a otras zonas de España. ¿Podría ser este organismo el que asumiera ese papel en el conjunto de la Comunidad?
Es que una cosa es pretender tener una Agencia Tributaria Valenciana y otra que Suma preste sus servicios para los tributos de Valencia y en Castellón. No tenemos inconveniente en gestionar sus tributos. Otra cosa es esa agencia con la que Ximo Puig está intentando exportar los sueños y anhelos de los independentistas catalanes.
¿Entiende que los alcaldes de la provincia se quejen de haber recibido solo la mitad del Fondo de Cooperación del Consell?
Y yo me quejo de que el Gobierno Valenciano no nos envía su parte de los más de 200 millones de euros que pone la Diputación todos los años en su presupuesto, que en sí mismo es un fondo de cooperación. Intentar transmitir que la Diputación deja de invertir 13,7 millones en los municipios porque no forma parte de ese fondo es mentir y engañar. La Generalitat pretende suprimir las diputaciones porque no creen en ellas, está en su hoja de ruta. Nosotros solo con el Plan de Obras y Servicios, aprobado recientemente, tenemos 18 millones de inversión en el municipalismo.
¿Por qué la Diputación ha querido quedarse sola con este argumento que también podrían haber usado las corporaciones provinciales de València y Castellón?
Desconozco los motivos por los que las diputaciones de Valencia y Castellón se han sumado al Fondo de Cooperación, pero nosotros creemos que el modelo de la Diputación de Alicante es mejor. Atendemos a los municipios y necesidades concretas. Estoy en contra de que se reparta el dinero y que no se sepa muy bien para qué es. Tiene que tener un fin y estar destinado a socorrer necesidades de personas y pueblos. Vamos a sacar una línea de inversiones sostenibles por 13,6 millones destinados a los daños del temporal de diciembre. Y es dinero que no va a ir a todos los municipios, sino a los que tienen esa necesidad. Si lo gastáramos en el reparto equitativo de todos los pueblos no podríamos colaborar con municipios que lo necesitan más.
Negarse a sumarse al fondo, ¿no es una autoenmienda a la totalidad, ya que lo creó Zaplana en el 1999 y se integró en la reforma del Estatuto de Autonomía en 2006 que promovió Camps y en la reforma de la Ley de la Administración Local de la Comunidad?
No. De ninguna manera. El Fondo de Cooperación nunca nació para abastecerse de otras administraciones. El problema es que el PSPV y Compromís prometieron mucho en campaña electoral y están cumpliendo poco, como se ha visto en materia social en el último informe de la Sindicatura de Greuges. Se están dando cuenta de que no pueden cumplir con sus obligaciones y las están derivando a otras administraciones, como el caso de Xarxa Llibres, que es responsabilidad del gobierno valenciano y que han decidido que la paguemos entre todos. Me parece mal que haya dinero para reabrir Canal 9 y que se tenga que pedir dinero para libros a otras administraciones.
¿Trabaja la Diputación en algún plan que enmiende la decisión de no sumarse a Fondo de Cooperación Municipal?
Tenemos nuestros planes de obras y servicios o nuestras inversiones sostenibles, que son muestra de buena gestión y de administración saneada. Y queremos que nos dejen seguir trabajando y que si el gobierno valenciano va a poner en marcha alguna norma que nos afecte lo hable con nosotros y luego ya veamos si lo podemos hacer juntos. Creo que se tiene que gobernar con mucha mano izquierda.
¿Va a invitar al presidente Puig a visitar la Diputación?
Una vez más: me encantaría que visitara el Palacio Provincial.
¿Qué ha supuesto la visita de Oltra respecto a las relaciones y la comunicación con el Consell?
Fue una reunión muy positiva en la que le transmití inquietudes y necesidades de la provincia. Hablamos de temas sociales que a todos nos preocupan. Estamos dispuestos a colaborar en materia social, que es una competencia del gobierno valenciano, pero tiene que ser fruto del diálogo y el consenso, no de la imposición. Así se lo transmití y me dijo que no pondría en marcha ningún decreto ni medida sin antes consensuarlo con la Diputación.
¿Avala negociar el decreto en materia social de Mónica Oltra y se opone de plano al de Turismo, más defendido por los miembros socialistas en el Consell?
En líneas generales no estoy a favor de gobernar con decretos. El de Oltra acordamos en la reunión que lo íbamos a intentar consensuar. Las cosas hay que hacerlas bien. No funcionamos con un modelo dictatorial. Ella ha venido, le he pedido crear una mesa técnica y que se residencie en Alicante y esta es la fórmula. Me hubiera gustado una mesa en materia educativa, lingüística...Estamos en un escenario político de coliderazgos.
Llega al ecuador de su mandato en la Diputación. ¿Qué balance hace de estos casi dos años?
Creo que es muy positivo. Hay que recordar que esta Diputación ha estado siempre gobernada por un partido con mayoría absoluta. El hecho de no tenerla ahora exige más de uno mismo. Hemos alcanzado grandes acuerdos, los planes de obras y servicios han salido casi por unanimidad durante estos dos años, lo que significa que cuando esta institución invierte lo hace sin mirar el color político. Estamos trabajando en un proyecto cultural muy ambicioso para recoger el antiguo testigo social de la obra social de la CAM. Su filosofía es que haya igualdad de acceso a la cultura en todos los rincones de la provincia.
¿De qué siente más orgullo?
Del trabajo de mis compañeros de corporación. O de ver cómo los bomberos del Consorcio sofocaban los incendios del pasado verano y cómo ayudaban a las familias. De todos los trabajadores. Me siento orgulloso de haber dado estabilidad a una institución sin mayoría absoluta. De las más de 120 audiencias con alcaldes, porque cuando un vecino tiene un problema acude a su alcalde y cuando lo tiene el alcalde acude a su Diputación. El alcalde de Xaló me transmitió que sus vecinos no tenían agua potable y la Diputación actuó con una inversión de emergencia y hoy los ciudadanos de Xaló beben agua potable.
¿Por qué quiere competencias que no le corresponden como el Hogar Provincial, o el centro de salud mental Doctor Esquerdo pese a que le cuestan más de 25 millones de euros al año?
En las manos que mejor están es en las de la Diputación porque funciona bien, hay buenos profesionales y tiene una trayectoria histórica de buena gestión y buen servicio. Existe la delegación de competencias y la ley lo que dice es que esa delegación tiene que ir acompañada de su financiación, que es lo que reclamamos a la Generalitat.
¿Autoproclamarse gobierno provincial no es una batalla política teniendo en cuenta que esta institución es la principal que dirige el PP en la Comunidad?
Lo dice la Constitución, no yo.
Pero dice Ximo Puig que están intentando hacer un gobierno autonómico paralelo y que eso es anticonstitucional...
Nosotros no tenemos capacidad legislativa. Lo que queremos es que los pueblos estén atendidos y defender los proyectos de esta provincia, como la zona franca. Voy a hacer una reunión donde también llamaré a la conselleria Maria José Salvador para seguir dando pasos.
¿Qué opina de que la oposición de Compromís denunciara en la Fiscalía Anticorrupción presuntas irregularidades en el Patronato de Turismo en el marco de la Comisión de Investigación?
Es su derecho y lo respeto. Abrí la comisión porque lo solicitó toda la oposición, pero avancé que no podía demorarse durante toda la legislatura en paralelo a la acción del gobierno porque eso es propio de sistemas antidemocráticos. Los partidos tienen que solicitar una información y con transparencia se tiene que ofrecer. Y si algún diputado entiende que no se ha hecho algo bien debe tomar sus decisiones. Lo que no se puede hacer es confundir papeles y fusionar poderes divididos en Democracia.
¿Avaló usted el informe que llevó el PP a la comisión de investigación que se centró en desacreditar el trabajo de Compromís?
Es un informe que comparte todo el equipo de gobierno.
A usted y a Carlos Castillo les irrita el diputado Gerard Fullana...
No. Fullana es un político que defiende sus posiciones con mucha vehemencia. Ya está. Pero estamos de acuerdo en muchas cosas.
