La Comunidad Valenciana y también la provincia de Alicante pasarán otro año sin noticias de Madrid. La visita de esta semana del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tanto al Palau de la Generalitat como a la sede del PP; unida a la petición del conseller Vicent Soler de un fondo de compensación para poder pasar el año mientras se negocia el nuevo sistema de financiación autonómica evidencin, una vez más, que tendremos otro año en blanco. Un año más sin respuesta del Estado a un territorio que acumula casi 15.000 millones de «deuda histórica» por la falta de financiación; y un déficit de infraestructuras que superaría ya los 6.000 millones. Una carencia de fondos para atender la gestión diaria y para mejorar las inversiones que, como recalcó el BBVA en su último informe, tiene un impacto de más de medio punto en el PIB. Claro y raso: está afectando a la actividad económica y a los índices de riqueza de la sociedad.
Como ha venido detallando este periódico, los presupuestos generales del Estado para 2017 recortan en un tercio las inversiones en la Comunidad y meten la tijera casi a la mitad en las previstas para la provincia de Alicante. Apenas hay dos millones para una obra vital como el Corredor Mediterráneo. El Ministro de Fomento trasladó a la cúpula del PP que este año no habrá ni un euro más. Considera que no hay proyectos encima de la mesa ni tampoco tiempo material -el presupuesto se aprobará a finales de junio- para poder ejecutar las cantidades prometidas. Amansó al PP, que se comprometió a que no impulsará ninguna enmienda a los presupuestos durante el trámite parlamentario. Y frenó en seco al Consell. «No habrá más dinero este año», vino a poner sobre la mesa De la Serna que pospuso cualquier debate hasta el próximo año.
Cargos del PP reconocen, en privado, que la falta de gestos del Gobierno de Rajoy le ha vuelto a dar oxígeno al discurso de Ximo Puig y de Mónica Oltra del agravio frente a Madrid. Pero también confían que la elaboración de los presupuestos para 2018 -proceso que debe concretarse a la vuelta del verano- facilitará una notable mejora que volverá a diluir el mensaje de la Generalitat. Ese es el argumentario que, durante la reunión celebrada en la sede del PP con Isabel Bonig presente, les trasladó De la Serna. El propio César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante, ratifica que todos los movimientos van encaminados a elevar las inversiones en las cuentas de 2018. La marcha atrás de los populares valencianos con la posibilidad de presentar enmiendas a las cuentas desactiva a la vez voces críticas como las del exministro José Manuel García Margallo que, junto a su disgusto por los presupuestos, se ponía a disposición de la dirección regional para tratar de impulsar cambios en el parlamento. Ahora no tiene margen: o lo hace por libre o el PP no moverá ni un papel.
Así que, en una tesitura en la que los populares valencianos y alicantinos se pliegan ante Madrid, el Consell es el único con capacidad para mover ficha durante el calendario parlamentario que, en principio, tiene una fecha clave: el 4 de mayo como día tope para registrar enmiendas. A expensas de lo que ocurra en la reunión que el próximo día 27 de abril tiene marcada en su agenda el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el ministro De la Serna, los diputados del PSPV y Compromís en el Congreso tendrán que pactar una serie de iniciativas que podrían incluir peticiones de dinero para la Comunidad en cinco bloques: Corredor Mediterráneo, redes ferroviarias interiores entre las capitales de la Comunidad, ayudas para el transporte metropolitano, encauzamiento de ríos e inversiones en agricultura. Eso supondría plantear reclamaciones por unos 1.000 millones en inversiones. La reunión convocada por el presidente de las Cortes para el próximo 25 d'abril con todos los diputados y senadores de la Comunidad marcará los bloques: la izquierda, por un lado, y el PP por otro a la espera de que Ciudadanos -sus votos son claves para que pudieran triunfar las enmiendas- se pueda aclarar.
No parece, sin embargo, por la actitud del Ministro de Fomento, que el Gobierno esté dispuesto a ceder con un gesto que calme al Consell y a la sociedad civil de la Comunidad en los presupuestos. Y encima, a día de hoy, tampoco se está concretando la negociación de la financiación autonómica. La comisión de expertos empezó a trabajar en la propuesta el pasado mes de febrero y tiene de margen hasta mediados de agosto. Luego habría que iniciar la negociación política del sistema. O se hace en tiempo récord -cosa que parece imposible por la distancia en las posiciones de las diferentes comunidades- o no se podrá valorar en el presupuesto de la Generalitat para el año 2018, que debe estar antes de finales de mes de octubre en las Cortes.
Con ese panorama y a sabiendas incluso de que puede pasar otro año sin un aumento de la financiación, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, participó esta semana en la comisión encargada de abordar esta cuestión que reúne a los grupos de las Cortes con los expertos parlamentarios. El conseller puso sobre la mesa una propuesta: la posibilidad de que se arbitre un mecanismo de compensación para poder cubrir este año mientras continúan las negociaciones. La petición de Soler pone encima del tapete las dificultades que continúa sufriendo la Generalitat para abordar el día a día de la gestión pero también evidencia que los contactos no van por el buena camino y que las negociaciones se pueden eternizar con el daño que eso supone para la Generalitat que, a este paso, se podría pasar otro año sin ninguna respuesta de Madrid.
