El informe también aborda otras cuestiones que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Pone de vuelta y media, por ejemplo, la gestión de la política de vivienda. Considera que hay una oferta muy reducida de alquileres impulsados por la administración pública lo que afecta tanto a la gente que ya ha sido desahuciada pero que tiene que buscar un nuevo techo; o a los ciudadanos que trabajan pero que, como ocurre desde que estalló la crisis, tienen salarios limitados. Todo ese escenario, según el Síndic de Greuges, hace que hablar del derecho a una vivienda digna sea un mero «desideratum».

La memoria anual del alto comisionado de las Cortes encargado de la defensa de los derechos de los ciudadanos también reclama al Consell que ponga todos los medios a su alcance para acabar con la interinidad de las plantilas públicas. Y, puntualmente, la Sindicatura de Greuges le pega un rapapolvo al Ayuntamiento de Alicante que, según el informe, es uno de los que no tiene resuelta la situación. Sobre la normalización del valenciano, la Sindicatura de Greuges, como en informes anteriores, denuncia que se incumple la Llei d'Ús i Ensenyament, asegura que hay una desigualdad a favor del castellano, defiende el derecho de los ciudadanos a usar valenciano en todos los ámbitos y reclama que como mínimo los funcionarios de atención al público tengan conocimiento de las dos lenguas oficiales.

Finalmente, también alerta sobre el abuso de la transparencia. La Sindicatura de Greuges advierte, reconociendo el derecho al acceso a la documentación, sobre los excesos de reclamaciones de papeles que van más allá de la normalidad y que en último extremo pueden generar colapso administrativo.