El castellano y el valenciano son lenguas oficiales en la Comunidad. ¿Por qué un alumno que estudia en castellano, de acuerdo al nuevo decreto de plurilingüismo, no tiene las mismas asignaturas en inglés que uno que lo hace en valenciano?
Hay que partir de la situación actual. El 98% de los jóvenes sabe expresarse en castellano, sólo el 36% en valenciano y el 6% en inglés. La aspiración de esta Comunidad debe ser que, cuando un alumno acabe la ESO, domine los tres idiomas. Y con esos datos es evidente que no han funcionado bien las cosas. ¿Qué se ha hecho? Un programa basado en la libertad de elección de los centros y que supera la división de las líneas en valenciano y castellano. Mayor aprovechamiento e integración. Eso va a dar mucho más valor al inglés y facilita que cada colegio pueda ir marcando su ritmo. No hay ninguna exclusión para los del primer nivel, que es el que ya se estaba dando. Pero además todos los centros -incluidos los que tienen el básico- van a tener dos horas y media más de inglés a la semana.
¿Y está satisfecho de la gestión que está desarrollando con este asunto la conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà?
El conseller Marzà está haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de la Educación de esta Comunidad y, especialmente, de los idiomas...
¿Pero está satisfecho con su gestión?
Sí. Claro. Todo se puede hacer mejor. Pero el conseller está poniendo voluntad y un grandísimo trabajo.
Hay quejas de los padres que querían votar el plurilingüismo en los colegios, recursos judiciales...
Mire: lo que nos decía el Ministerio de Educación es que ni siquiera tenía que opinar el claustro de profesores y que sólo debía decidir la dirección. Pero, en cualquier caso, este decreto ya lo ha validado el Ministerio. Habrá permanente diálogo. Pero todos los niños, en el peor de los casos, van a tener dos horas y media más de inglés. ¿Quién se puede quejar de eso? No se quita a nadie nada. Al contrario, le damos.
¿Esto les está generado un problema en algunas comarcas de Alicante como en la Vega Baja?
Ha habido mucha desinformación. Si a una persona le dices que por estudiar en castellano no va a tener inglés, pues se enfada. Pero es que no es así. Va a tener más inglés. Hay que hablar mucho y desde luego también escuchar. Y yo estoy dispuesto.
¿Va a continuar la exención del valenciano en la Vega Baja?
No habrá ningún tipo de imposición. La exención lingüística continúa vigente. No hay ningún paso más allá. Y los que no lo quieran dar, se quedarán como estaban y tendrán, además, más inglés. Pregunto: ¿Dónde está el problema?
Usted usa el valenciano. ¿Un cargo de la Generalitat debe utilizarlo siempre de forma obligatoria, como planteó el conseller Vicent Marzà?
Los cargos públicos y los funcionarios que tienen relación con las personas debemos intentar expresarnos en función del auditorio. El valenciano y el castellano son oficiales. Y el protagonista siempre tiene que ser el ciudadano. Ni es el político ni tampoco el funcionario.
Le pongo un caso práctico. ¿Cómo tiene que realizar un funcionario su atención al público?
En función del territorio pero, sobre todo, de la preferencia y de la lengua que utilice el ciudadano. El ciudadano tiene derecho a expresarse como quiera en las dos lenguas oficiales a lo largo de todo el territorio. Y a ser atendido, claro que sí, en la medida que lo vayamos introduciendo. Con normalidad. La atención pública debe ser en función de la preferencia que muestre cada ciudadano. Esa tiene que ser la idea fundamental.
La vicepresidenta Oltra y la consellera de Sanidad alegaron...
El requisito lingüístico no será generalizado para todos los puestos.
¿Y no cree que al final, el gobierno que venía a rescatar personas se ha enredado con la identidad?
Para nada. Los avances sociales son fundamentales. Esto no se quiere hacer desde una mirada impositiva. Los ciudadanos tienen derechos lingüísticos. Por supuesto. Para mí es una suerte que tengamos a Vicent Andrés Estellés y a Miguel Hernández. Me reconozco en los dos. No es un problema. Es una gran riqueza. La política lingüística, la social, la sanitaria... todas son del conjunto del gobierno.
