La Diputación de Alicante ha pedido al Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que suspenda de forma cautelar el decreto de plurilingüismo puesto en marcha por la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà el pasado mes de febrero, para que no entre en vigor el curso que viene. La institución provincial, único organismo público que ha llevado a los tribunales la normativa que regula la enseñanza del valenciano en los centros escolares de la Comunidad Valenciana, ha solicitado la suspensión cautelar del decreto de Marzà en el recurso Contencioso-Administrativo que presentó el jueves ante el tribunal autonómico para pedir su nulidad pese a no tener competencias en Educación.
El portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Alicante, Carlos Castillo, defendió ayer que la institución se ve legitimada para ello porque una de sus funciones es «la defensa de los intereses de los alicantinos». Tras autoproclamarse gobierno provincial para intentar hacer de contrapeso del Consell en la provincia, la institución se ha alzado como la primera en llevar a los tribunales un decreto contra el que el que PP de la Comunidad se ha opuesto radicalmente. Es la segunda vez que la Diputación lleva a los tribunales una norma del Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra tras hacerlo con los decretos de coordinación de Turismo y Deportes.
Castillo explicó que el recurso «no se dirige en absoluto contra el uso del valenciano en la educación, sino en contra de la discriminación flagrante de un decreto que utiliza el inglés como premio o castigo para imponer la enseñanza del valenciano». El portavoz del PP en la institución provincial indicó que la medida tomada por la Diputación «garantiza que todos los alumnos puedan acceder en idéntica medida a una docencia de calidad, plural e integradora».
«Ruptura» del consenso
La argumentación de la Diputación fue explicada por su portavoz, uno de los diputados provinciales que más se aferra al discurso de batalla contra el Consell. Según Castillo, el decreto de Marzà es contrario a derecho al vulnerar la Ley 4/1983 de 23 de Noviembre de uso y enseñanza del Valenciano «al obviar las zonas de exención expresamente incluidas en el mismo» y «omitir el deber de evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico». «Este decreto rompe el consenso para el uso social del valenciano» y «discrimina gravemente a los alumnos que se escolarizan en la línea en la que predomina el castellano». Añadió que la provincia va a recibir este año un 43% menos de carga lectiva en inglés que Castellón y un 15% que Valencia.
Castillo compareció en rueda de prensa sin el presidente de la Diputación, César Sánchez, que sí abanderó el anuncio del recurso que presentó la institución contra los decretos de Turismo y de Deportes. Sánchez es alcalde de Calp, localidad de la Marina Alta, donde prácticamente todos los centros educativos han optado por el nivel más alto de valenciano.
