Montar un «pollo» en Madrid no es la primera opción, peros los dos máximos responsables del Consell ya han dejado caer que formará parte de la agenda política si las cuentas estatales no cambian. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, amenazó ayer con emprender movilizaciones si los Presupuestos Generales del Estado no se corrigen vía parlamentaria para acabar con «la discriminación objetiva» que suponen las cuentas para la Comunidad Valenciana. Con estas palabras, Puig se cogía de la mano de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, con la que dijo estar de acuerdo para «montar un pollo» en Madrid. «No es posible que esta situación se mantengan sin una respuesta contundente por parte de la Comunidad Valenciana», insistió, aunque dijo que el primer paso es enmendar los presupuestos.
Puig explicó que en caso de que las cuentas no se corrijan por la vía parlamentaria «habría que buscar la unidad de las fuerzas políticas para superar este año la infrafinanciación y la infrainversión». «No es razonable que permanentemente estemos en esta situación, todos los presupuestos de Rajoy han estado en una inversión por debajo del 5%, cuando nos debería tocar el 11%», agregró en unas declaraciones recogidas por EFE. «No es victimismo político. Hablamos de soluciones a problemas concretos».
Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, señaló que los Presupuestos Generales contemplan «las principales peticiones de los valencianos», como el Corredor Mediterráneo y más financiación, y anunció que la autonomía recibirá este año 851 millones de euros más por el sistema de financiación derivado de la transferencia del Gobierno. En concreto, la cifra asciende a 9.950 millones de euros, lo que supone un 9,36 % más que lo recibido en 2016. Así, 8.502 millones corresponden a entregas a cuenta y 1.538 millones de previsión de liquidación, un 17,03 % más que el año pasado, por lo que el incremento de la financiación es superior (9,36%) a la media del resto de comunidades (5,74 %). «Es una mejora de financiación de cerca de 1.900 millones en apenas dos años, a lo que hay que sumar el ahorro de los costes financieros derivados del tipo cero y de los tipos preferenciales», explicó Moragues.
A la visión del Consell y el Gobierno se sumaba ayer la de los empresarios alicantinos. El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, apeló a una «imprescindible actitud reivindicativa» por parte de todos los represenantes de la provincia en las Cortes Generales para conseguir que el proyecto de presupuestos se modifique «de forma sustancial» en el debate de enmiendas. «Las inversiones no se corresponden a las necesidades de la provincia», remarcó, y apostilló que esta reivindicación debe unirse a la de una mejora en el sistema de financiación.
El presidente de Coepa, Francisco Gómez, tildó ayer de «miserables» las cuentas entregadas por el ministro Cristóbal Montoro y lamentó que a Alicante se la margine «de forma singular». «La provincia es la gran perjudicada», dijo, y añadió que se necesitan más inversiones tanto del Gobierno como de la Comunidad. «Necesitamos más conexiones con el puerto y el aeropuerto y un tercer carril en la A-7 para mejorar la comercialización de nuestros productos», subrayó.
Desde la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), su presidente, Cristóbal Navarro, resaltó la «doble marginación» de la provincia y denunció «servilismo» por parte del Estado «en otras autonomías». «Esto pasa porque no tenemos ni los suficientes representantes en Madrid ni los que hay defienden con vehemencia los intereses de los alicantinos», añadió. Navarro quiso hacer autocrítica y destacó falta de unidad en el tejido empresarial así como en los agentes sociales y políticos. El presidente de la asociación de hoteleros de Benidorm, la patronal autnómica Hosbec, Toni Mayor, destacó que la Comunidad Valenciana y la provincia sufren las consecuencias del «tapón» que se ha quitado a Cataluña y pidió «unión y consenso» para abordar la mejora del sistema de financiación. Reclamó acabar «con las inversiones que no tienen retorno». «El turismo tiene retorno y en Benidorm no vemos un duro», dijo.
