Esquerra Unida ha alertado al juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante de la existencia de nueve documentos que apuntarían al pago de comisiones durante la tramitación del planeamiento urbanístico. La acusación particular se basa en ellos para pedir que se vuelva a citar a declarar al hermano de la exalcaldesa de Alicante, el abogado José Luis Castedo, y al redactor del Plan General, Jesús Quesada. Asimismo, se ha adherido a la petición del fiscal para que vuelvan a ser llamados a declarar tanto los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, como el abogado urbanista y exconcejal socialista Javier Gutiérrez. El juez Manrique Tejada ha denegado estas peticiones, motivo por el que ahora la Audiencia deberá decidir si las acepta o no.

La investigación del PGOU es una pieza separada del llamado caso Brugal en el que están imputados, entre otros, el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi. Esta ronda de declaraciones es consecuencia de la declaración del promotor Ramón Salvador Águeda, que aseguró haber recibido presiones para pagar comisiones a cambio de recalificaciones de suelo. El magistrado ha descartado la petición al poner en duda la declaración de Ramón Salvador por considerar que parecía «una declaración de descargo» y el acto de un «sainete» y que su declaración eran «vagas» e «inconcretas».

El abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, ha señalado al juez que los documentos citados se encuentran en un CD aportado por el propio Ramón Salvador el día que fue a declarar al juzgado y que son mensajes de correos electrónicos sobre distintas comunicaciones acerca de las gestiones para reclasificar suelo en Pla de Xirau, zona en la que Ramón Salvador tenía intereses. El promotor contó con los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo para presentarle la alegación que, según el sumario, ellos mismos resolvieron para volver a hacer ese suelo urbanizable en el PGOU investigado. Salvador pagó al bufete 150.000 euros por distintos servicios y en su declaración dijo que creía que parte de ese dinero pudo ser algún tipo de contraprestación.

Según EU, esos documentos ponen de manifiesto nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delito y que no aparecen en el auto por el que el juez procesó a los investigados y que afectarían al abogado José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa, y al redactor del PGOU Jesús Quesada. El letrado considera que para su escrito de acusación es «imprescindible» que ambos presten declaración en aras a preservar su derecho de defensa.

Asimismo, se adherido a la petición del fiscal para que declaren los otros investigados al considerar que «la duración de la causa no puede erigirse nunca en obstáculos para obviar la investigación de los hechos investigados» y recordó que la causa está en estos momentos suspendida mientras se tramitan los recursos contra el cierre del proceso.