El PP no aprobará una limitación de mandatos para sus cargos públicos. Al menos por ahora. El XIV Congreso regional del partido que se abrió ayer en València tumbó una enmienda de la secretaria general del PP de Benidorm, Victoria Villar, en la que pedía que se limitara de una vez la estancia máxima de los cargos públicos en política a un total de ocho años. Su iniciativa no salió adelante. Ni tan siquiera se llegó a someter a votación. ¿Por qué? Porque los miembros de la mesa de la ponencia «Ruta del nuevo PPCV» estimaron que contravenía los Estatutos Nacionales de la formación. El diputado en el Congreso por Castellón Miguel Barrachina incluso fue un paso más allá y aseguró que sacar adelante esa propuesta supondría «automutilarse» a los ocho años «cuando el de enfrente no lo hace».

Este veto del PP a nivel regional choca de plano con el acuerdo que sellaron el propio PP y Ciudadanos (Cs) en el verano de 2015 y que permitió a César Sánchez alcanzar la Presidencia de la Diputación. Entre los múltiples puntos que se pactaron con la formación de Rivera figuraba que los diputados provinciales no pudiesen ostentar tal cargo durante más de ocho años. Hoy por hoy, sin embargo, aquella entente ha quedado en simple papel mojado después de que Fernando Sepulcre abandonara Cs en vísperas de las elecciones generales y mantuviera su puesto en la institución provincial, convirtiéndose así en tránsfuga. El acuerdo, por ende, ya no tiene vigencia porque Cs se ha quedado sin representación en la avenida de la Estación.

La ponencia dio mucho más de sí. Entre otros aspectos, sirvió para que el presidente provincial del PP en Alicante, José Císcar, consiguiera sacar adelante una enmienda sobre agua. Tras reiterar que las desalinizadoras impulsadas por el PSOE se han convertido en un «estrepitoso fracaso», Císcar planteó que parte de los costes los asuman otras comunidades autónomas con el objetivo de que los agricultores puedan disponer de agua a menor precio.

Durante el debate de la ponencia se tumbaron otras enmiendas de las que llegaron vivas al cónclave. Entre ellas, una que reclamaba que los cargos del partido tuviesen estudios universitarios -la enmendante rebajó finalmente esos requisitos a Bachillerato o FP-; otra de Agustín Almodóbar en la que reclamaba que un senador y un diputado nacional se integrasen en la ejecutiva regional; y otra de un militante que reclamaba que todos los integrantes de las listas electorales estuviesen afiliados al partido de manera previa durante un mínimo de dos años.

El rival de Bonig en las primarias, José Luis Bayo, debía haber subido al estrado para defender tres enmiendas, pero finalmente declinó acudir al Palacio de Congresos durante el debate de la ponencia.

Financiación autonómica

Ya por la tarde se debatieron las otras dos ponencias. Entre ellas, la relativa a economía. El diputado Rubén Ibáñez apostó por aprobar ya un nuevo modelo de financiación autonómica que deje de discriminar a la Comunidad y tildó de «pesadilla» el actual sistema de reparto de fondos, aprobado en 2009 con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. El parlamentario también censuró la gestión del tripartito y le acusó de convertir las entidades públicas en «nidos de enchufismo». «Basta ya de agencias y entidades para coladeros de cargos», concluyó.