Una denuncia de Cs por presunta corrupción ha puesto en la picota al actual diputado provincial de Emergencias, Parque Móvil y Patrimonio, Jaime Lloret, al revelar un presunto fraude de más de cuatro millones de euros en la prestación del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos durante su mandato como alcalde. La denuncia, presentada hace una semana en la Fiscalía Anticorrupción por el grupo municipal Cs de La Vila, pone en conocimiento del Ministerio Público supuestas irregularidades en la prestación de este servicio, por el que el Ayuntamiento habría pagado más de cuatro millones de euros por trabajos no prestados por la concesionaria de la contrata, adjudicada durante la etapa de Lloret como alcalde por sesenta millones de euros y que tenía como responsable de su supervisión al exedil de la concejalía de Aseo Urbano, José María Bejar.
Un informe elaborado por la formación naranja presentado en la Fiscalía da traslado de unos hechos presuntamente irregulares -sin que se señale a ningún cargo público- en el servicio de limpieza adjudicado a la mercantil S.A. Agricultores de la Vega de Valencia (SAV). Según la denuncia, SAV incumplió los términos del contrato desde 2011 hasta 2016 por valor cuatro millones de euros. Se trata de una de las firmas que según el fiscal del caso Taula financió ilegalmente al grupo municipal del PP de Valencia.
El acuerdo de pleno del 1 de abril de 2011 otorgó la adjudicación de la contrata actual de basuras a la empresa SAV con los votos a favor de los 11 concejales del PP y con los votos en contra del PSOE y una abstención. Un mes después, el PP revalidaba mandato en las municipales de 2011 con mayoría absoluta.
El documento elaborado por el grupo municipal se basa en los distintos informes emitidos por el actual responsable del contrato -que es un miembro de Cs-, que alertó desde que se incorporó a su puesto en 2015 de supuestas irregularidades en la prestación del servicio. El responsable de la supervisión del contrato hasta la nueva legislatura era entonces el exconcejal de Aseo Urbano, José María Bejar, quien no repitió en la lista del PP en las elecciones municipales de 2011, si bien se le nombró responsable de la supervisión del contrato con el nuevo mandato de Lloret. Desde ese año y hasta el cambio de gobierno con el tripartito los informes favorables sobre el trabajo de la contrata que hacía el exedil eran una constante pese a los «flagrantes» incumplimientos del contrato, según denuncia Cs.
Los informes avalaron el trabajo de la concesionaria pese a que llegaron a faltar más de 200 contenedores o se pagaba por limpiezas que no se hacían, así como por maquinaria que no se adquirió por parte de la mercantil, como una máquina de limpiar excrementos de perro cuyo coste de 25.000 euros se abonaba pese a que no se compró hasta 2016, según denuncia Cs.
Por otro lado, la firma reclamó al ayuntamiento más dinero por los desequilibrios en el contrato provocados por el aumento del canon que pagaba por depositar las basuras en el vertedero de El Campello. Se trata de un dinero que la empresa adelantaba y que luego repercutía al Consistorio. Ese desequilibrio que exigía la mercantil ascendió a 512.000 euros, pero según los datos que aportó el Consorcio de Basuras, las toneladas de residuos que se llevaron al basurero no coincidían con el dinero que reclamaba la empresa. El gobierno de Lloret sí pagó uno de esos desequilibrios por 163.000 euros pese a que fue valorado por el Ayuntamiento a posterior en 82.000 euros, por lo que ahora el tripartito reclama vía judicial la devolución de la diferencia después de que un acuerdo de pleno aprobado por unanimidad a partir de una moción de Cs así lo pidiera. Otro acuerdo de pleno estableció también una penalización a la mercantil por incumplimiento del contrato de más de 625.000 euros.
Beneficio anual de 16.000 euros
Cs ha denunciado que el beneficio por el que se implicó en esta contrata la mercantil SAV era tan solo de algo más de 16.000 euros al año, según refleja la firma en su estudio económico.
