En apenas una semana, Isabel Bonig afrontará el congreso regional con el reto de empezar a diseñar un nuevo modelo para el PP después de la debacle que dejó a la formación sin el control de la Generalitat y con la menor cuota de poder municipal desde que, a principios de los 90 y antes incluso de su llegada a la Generalitat, Rita Barberá se alzara con la Alcaldía de València. Convocado para el 1 y el 2 de abril, será el primer cónclave regional en 20 años -desde los tiempos de Eduardo Zaplana- que los populares afrontan en la oposición: ni dirigen el Consell ni ninguno de los principales municipios, incluidos Alicante y Elche bajo mando socialista o su feudo en el «cap i casal», ahora en manos de Compromís. Únicamente resisten los populares en las diputaciones de Castellón y Alicante. Un panorama inédito que les obliga a reinventarse, apuntan, para intentar que los ciudadanos vuelvan a considerar al PP como la formación que mejor defiende los «intereses» de la Comunidad.

No parece, sobre el papel, tarea sencilla. Los populares se asoman a ese escenario con la obligación de apuntalar un nuevo liderazgo que tiene como apuesta a Isabel Bonig. Fue elegida hace año y medio «a dedo» por Génova para relevar a Alberto Fabra y ahora avalada por los militantes en ese novedoso sistema asambleario de votaciones, acogido con notable desinterés por los militantes. Sólo siete mil de los 150.000 militantes que declara tener el PP acudieron a las urnas. Y aún son peores los datos de la provincia: tres mil participantes de una lista de 75.000 apuntados. Impulsar esa figura de Bonig incluye, reconocen dirigentes de peso en el PP, dar un giro al partido: mantener los puntos positivos de la gestión de dos décadas en las principales instituciones y diseñar un proyecto alternativo que, de acuerdo con las ponencias, profundiza en un modelo neoliberal frente al actual Consell de izquierdas. Pero a la vez ofrecer la imagen de que se «corta por lo sano» con prácticas, admiten, que pusieron al PP en una situación límite por los casos de corrupción.

Esa «reconstrucción» -término que utilizan dirigentes populares- tiene su epicentro institucional en el trabajo político del grupo en las Cortes. Bonig ha conseguido cuadrar un equipo que, en esta primera mitad de legislatura, ha logrado dar la réplica al gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en áreas como Sanidad, Educación o Economía. Pero, junto a esa acción parlamentaria, la estabilidad de Isabel Bonig al frente de ese nuevo PP está, sin duda, en manos de los populares alicantinos. Enfrentada a Vicente Betoret, líder del PP en la provincia de Valencia; sin partido ni casi grupo municipal en la capital de la Comunidad; y con una organización en Castellón falta de músculo y de influencia, la dirección de José Císcar no sólo es el gran apoyo de Bonig sino que está en una posición determinante a la hora de desarrollar el proyecto electoral de la cita 2019.

No sólo es clave la provincia en la escena interna popular, plasmada en el último congreso nacional cuando Císcar, Eva Ortiz y César Sánchez entraron en la ejecutiva. El papel del PP de Alicante también es decisivo para el futuro del partido por la proyección que, a día de hoy, tiene la agenda política provincial en la estrategia para desgastar al gobierno valenciano. La Diputación de Alicante, al mando de César Sánchez, se ha convertido en la principal institución bajo mando del PP y lleva dos años ejerciendo como contrapeso contra los intentos de la Generalitat de reducir las competencias de las corporaciones provinciales. Y además una de las cuestiones clave de la legislatura -el conflicto lingüístico- tiene gran parte de su caldo de cultivo en la Vega Baja. Un rol de peso que, incluso, el PP ha reflejado en sus ponencias reconociendo el papel «singular» de Alicante en la Comunidad.