La principal ponencia que se debatirá en el congreso del PP, convocado para el 1 y el 2 de abril en València, incluye un apartado en el que a cuenta del conflicto lingüístico -convertido en una piedra angular de la pugna política de la legislatura- solicita que la provincia de Alicante -base que apuntala el liderazgo de Isabel Bonig- tenga un tratamiento singular dentro de la Comunidad. La ponencia de más peso que se debatirá en el cónclave, coordinada por la diputada alicantina Loreto Cascales, entronca, de alguna manera, con los grupos de la provincia -especialmente de comarcas como la Vega Baja- más beligerantes contra los decretos sobre el uso del valenciano desplegados por la conselleria que dirige Vicent Marzà; y con el sentir de algunos sectores económicos que están cargando, por ejemplo, contra los intentos de València de aglutinar a toda la patronal autonómica dejando a un lado a Coepa.

En un momento en el que a pesar de las continuas referencias del presidente Ximo Puig a la necesidad de «coser» la Comunidad, las relaciones entre Alicante y València vuelven a estar en un momento complicado, el documento político para el congreso del PP incluye un apartado, titulado «Defensa de la Libertad y la Igualdad», en el que acusa al gobierno de izquierdas que controla el Consell desde 2015 de desplegar una serie de acciones que suponen, apunta ese relato de forma textual, un «descarado maltrato» a los derechos de la ciudadanía. Iniciativa que, de acuerdo con el texto oficial que se abordará en el congreso del PP, deben ser «paralizados» de inmediato.

Gran parte de esa argumentación tiene su origen en el conflicto abierto por el uso del valenciano, convertido por el PP en uno de sus puntos clave para intentar desgastar al Consell que encabeza el mencionado Ximo Puig junto a Mónica Oltra, líder de Compromís. «El chantaje lingüístico y la usurpación a los padres del derecho a elegir el modelo educativo de sus hijos son actuaciones incomprensibles e intolerables», subraya la ponencia para asegurar acto seguido que el PP está «rotundamente en contra de la discriminación» al tiempo que muestra su compromiso por la convivencia en una Comunidad en la que «coexisten dos lenguas que nos identifican y de las que nos sentimos orgullosos», en referencia aunque sin citarlas tanto al castellano como al valenciano en tanto que idiomas oficiales.

Y ese punto es el que esa ponencia oficial del PP aprovecha para remarcar que la formación debe ser «consciente de la diversidad» no sólo en el plano lingüístico sino también en cuestiones culturales o históricas. Los populares conceden a Castellón el papel de dique de contención frente al nacionalismo catalán, un desafío soberanista cada día más enconado y al que el gobierno de Mariano Rajoy se muestra incapaz de darle solución. Pero además, junto a ese rol de las comarcas más al norte, el texto que aprobarán los populares como guía para su acción política de los próximos años concede a la provincia, en una alusión hasta ahora inédita, un tratamiento singular dentro de la Comunidad.

«Por el sur -recoge textualmente la ponencia elaborada por Loreto Cascales-, la provincia de Alicante tiene su propia idiosincrasia que debe ser respetada e integrada en el todo que es la Comunitat Valenciana», en un claro guiño a la vertebración territorial justo cuando los contactos se han vuelto a enconar por el conflicto lingüístico o las relaciones de los sectores económicos. «Somos plurales y esa pluralidad debe ser respetada, respaldada y reforzada como herramienta de unión y de cohesión territorial y no como medio de división y tensión entre los ciudadanos de un mismo territorio», concluye.