La oposición a la política lingüística de la Generalitat se ha convertido en una de las piedras angulares del mensaje del PP para intentar desgastar al Consell que comparten los socialistas y Compromís. De eso no hay ningún tipo de duda. El problema le ha surgido a los populares a la hora de cuadrar una estrategia conjunta de rechazo a los decretos relacionados con el uso del valenciano e impulsados por la conselleria que dirige Vicent Marzà. La dirección de los populares alicantinos ha optado por una negativa de tono político en un asunto de enorme sensibilidad, especialmente, en comarcas como la Vega Baja. Una vía completamente alejada de la que ha puesto en marcha la dirección del PP en la provincia de Valencia, con un toque «folclórico», de agitación en los pueblos y concentrada en una caravana que recorrerá las comarcas del interior de esa provincia. Una zona, igual que el sur de Alicante, de dominio castellanoparlante.
Los populares de Valencia arrancaron ayer en Chiva -localidad de dominio castellano y gobernada por alcalde de Compromís- una simbólica «caravana educativa» para abordar los efectos del nuevo decreto para la enseñanza plurilingüe en la Comunidad. A juicio del presidente provincial del PP en Valencia, Vicente Betoret, la iniciativa del conseller Marzà -también de Compromís, como el alcalde de Chiva- constituye una «macabra» utilización de la lengua para lograr «objetivos ideológicos» y la «imposición» de una lengua provocando la «minorización del castellano». Esta caravana de los populares en Valencia denunciará la «discriminación lingüística» a la que están sometidos «muchos» alumnos de la provincia al tiempo que defenderá la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos y la igualdad de los estudiantes.
La dirección del PP de Alicante, como confirmaron fuentes del partido, ha descartado sumarse a este tipo de iniciativas de agitación. El rechazo a la política lingüística del Consell es igual de consistente que el de sus compañeros de Valencia. En eso no hay diferencias. Pero los populares alicantinos son reticentes a este tipo de acciones. Su intención es encabezar una vía de calado más político en la oposición a los decretos de la conselleria de Vicent Marzà. En estos momentos, de hecho, la decisión de los populares alicantinos es liderar una estrategia de rechazo a la acción de la Generalitat en materia lingüística con mociones en todos los ayuntamientos, reuniones sectoriales con familias además de los colectivos vinculados al mundo de la enseñanza y, llegado el caso, acudir a los tribunales en una operación coordinada con la ejecutiva regional del PP, que es la que tiene la personalidad legal.
Toda esta acción de oposición, como apuntaron fuentes populares, se centra en estos momentos en el decreto de plurilingüismo, convencidos de que lo tumbará el TSJ. La cúpula del PP de Alicante aún no ha puesto en marcha acción alguna ni contra el decreto de usos lingüísticos que afecta, fundamentalmente, a la administración y a los altos cargos; ni tampoco contra la modificación legal para extender el aprendizaje del valenciano entre los funcionarios públicos. Esos documentos, señalan, se encuentran todavía en periodo de alegaciones y, por tanto, la estrategia de oposición se articulará a la vista del contenido final de esos textos. Los populares alicantinos quieren forzar una estrategia política porque, entre otras cosas, consideran que pueden aflorar las diferencias internas en el Consell y dentro de las filas socialistas. «Compromís hace lo que pone su programa. No engaña a nadie. Pero en el PSPV son más ambiguos», zanjan.
