La sangría en el empleo público se ha cebado, especialmente, con la conselleria de Sanidad y con la administración general de la Generalitat, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda actualizados a 2016 pero que se hacen públicos ahora. El informe del Gobierno sobre la evolución de los servicios que son competencia autonómica desvela que la plantilla del Consell -administración general, Justicia, Educación no universitaria y Sanidad- cayó en cerca de 9.000 personas desde 2010, la inmensa mayoría del recorte -algo más de 8.000, un 15% del total- corresponden a los servicios sanitarios valencianos y el resto del recorte a la administración general de la Generalitat. Tanto Justicia como Educación cuentan, en estos momentos, con un mayor número de trabajadores que en la etapa de mayor impacto de la crisis económica.

De forma global, la nómina pública autonómica de la Comunidad Valenciana perdió un total de 8.951 empleados desde el año 2010, al pasar de los 126.967 trabajadores que tenía ese ejercicio a los 118.016 contabilizados el año pasado. Sólo Andalucía y Madrid presentan peores datos y porcentajes. El empleo público de la Comunidad experimentó un cierto repunte en 2012, cuando alcanzó los 129.617 trabajadores, y a partir de ahí siguió una línea descendente hasta 2014 (116.569), de la que empezó a recuperarse en 2015 (117.037) y siguió haciéndolo en el año 2016 (118.016). En general, las administraciones autonómicas necesitan 51.127 empleos para recuperar la plantilla global que alcanzaron en 2010, el año en el que empezó a notarse una crisis de la que aún no se han recuperado, como puso de relieve el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tanto durante su intervención en la Conferencia Autonómica como hace unos pocos días cuando le solicitó al ministro Cristóbal Montoro el desbloqueo de las tasas de reposición para facilitar que se puedan recuperar por completo las plantillas.

El jefe del Consell advirtió de que los servicios públicos podrían entrar en colapso en el caso de que no se corrijan esos criterios. Y explicó que la administración valenciana, al margen de los puestos que están sin cubrir, sufre un notable envejecimiento: la mitad de los trabajadores públicos se jubilarán en un plazo de 10 años y apenas hay una cincuentena que tienen menos de treinta años. Una situación dramática. Los datos lanzados por el el Ministerio de Hacienda, en plena negociación con los sindicatos para abordar esa petición unánime de abrir la mano para recuperar las plantillas de trabajadores del sector público, le dan la razón al titular de la Generalitat. Sanidad, sin duda, es el departamento más mermado con una pérdida de 8.372 empleos, más del 15% del total de la plantilla que, de acuerdo a los últimos datos, alcanzaría los 44.060. Le sigue la administración general del Consell, que sufrió un recorte de 1.350 trabajadores hasta llegar 11.953. Justicia, por su parte, ganó 147 plazas laborales hasta situarse en 4.846 empleos mientras que, finalmente, la docencia no universitaria creció en 496 para un volumen de 57.157 trabajadores públicos, siempre de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda actualizados hasta el año 2016 con lo que, apuntaron las fuentes consultadas, en el último año se podría haber registrado una ligera mejoría sin tabular.

Si se sigue ese trazado desde 2010, antes de que la recesión cayera a plomo en España, cinco comunidades han conseguido superar la crisis en lo que a volumen de empleo se refiere: Aragón, Cataluña, Baleares, La Rioja y Euskadi tienen más plantilla seis años después. Los efectos de la gestión de la crisis, entre ellos el bloqueo de la tasa de reposición, se padecieron en las administraciones autonómicas con especial intensidad entre ese año y 2015, un descenso (muy llamativo de 2012 a 2013, de unos 45.000 empleos) que costará revertir. La Comunidad Valenciana es una de las autonomías con menos trabajadores públicos por habitante.