La política lingüística que está desarrollando el Consell para normalizar el valenciano en una comunidad con dos lenguas oficiales se está basando, mayoritariamente, en la emisión de decretos. Uno de los más polémicos ha sido el que afecta a la enseñanza de los centros educativos -el decreto sobre el plurilingüismo- ya que supedita el nivel de inglés a un mayor conocimiento del valenciano.
Sin embargo, la política lingüística del ejecutivo valenciano, en manos del socialista Ximo Puig y de la líder de Compromís, Mónica Oltra, tiene otras dos dianas en relación a la lengua: por un lado, la competencia en valenciano de los funcionarios públicos -prevista en la ley de Función Pública, todavía en desarrollo y cuya redacción corresponde a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo- y, por otro, el uso del valenciano en el ámbito institucional. Este último punto está regulado en el proyecto de decreto de Usos Institucionales y Administrativos de las Lenguas Oficiales de la Administración de la Generalitat, elaborado por la Dirección General de Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.
Este decreto afecta al funcionamiento diario de la Generalitat como institución y de sus representantes públicos. Pese a que se ha hablado poco sobre el mismo, este decreto hizo aflorar las discrepancias entre distintos miembros del Consell y en el seno de Compromís, donde se evidenciaron varias sensibilidades respecto a los límites en el uso del valenciano. Está compuesto por 27 artículos, entre los que se regulan nueve puntos fundamentales.
Intervenciones públicas de los cargos
Las autoridades y cargos directivos de la Generalitat, en las intervenciones públicas que hagan por razón de su cargo, han de utilizar el valenciano. Este ha sido uno de los puntos más rebatidos ya que tanto la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) como la propia vicepresidenta del Consell -a través de su subsecretario de Vicepresidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero- alegaron a este artículo al considerar que imponía el uso del valenciano en las intervenciones públicas, fueran o no en zonas de habla valenciana. Oltra alegó así contra un documento elaborado por su propia formación. En contestación a la alegación de la AVL, que solicitó menos restricciones al considerar que el decreto afectaba a la libertad de expresión de las autoridades y que sugirió que se hablara, mejor, del «máximo uso» posible del valenciano por parte de los cargos públicos, el Consell admite que por circunstancias «obvias» un cargo no podrá hablar en valenciano si no conoce el idioma, por lo que «no se impone su uso» en ningún caso.
Uso general del valenciano
El valenciano será «lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial». Ayuntamientos como Benejúzar y Orihuela alegaron a este punto al entender que sí limita y discrimina a las zonas de habla castellana. Alcaldes socialistas de zonas castellanoparlantes, como Rubén Alfaro, alcalde de Elda, acusa a partidos como PP o Cs de usar la lengua como «arma arrojadiza», según señaló Alfaro a este diario.
Programas informáticos
En los programas y sistemas automatizados de información o en los de expedición de documentos el valenciano será la primea lengua de respuesta en la primera opción de consulta y el castellano la segunda. En cuanto al material de ofimática, «tendrá que estar adaptado, siempre que sea posible, para que funcione en valenciano». Este punto contó con la alegación del director de Comercio, Natxo Costa, militante del Bloc, que reclamó retirar el «siempre que sea posible» para exigir que «funcione en valenciano». Costa, a diferencia de Oltra, que proviene de la marca Iniciativa, pedía más rigor con el valenciano. Por otro lado, el software que se elabore por la Generalitat o por encargo a un tercero «se creará en valenciano, sin perjuicio de que, con posterioridad, se pueda adaptar al castellano así como a otras lenguas».
Atención al público por parte de los funcionaros
Según el decreto, el personal administrativo que atiende directamente al público «iniciará en valenciano la comunicación, sin perjuicio del derecho que tienen los ciudadanos a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales». El texto no distingue en este caso entre zonas de habla castellana o valenciana. Este punto, aunque ya se cita en el decreto, tendrá su propia regulación a través de la ley de Función Pública que prepara la conselleria de Grabriela Bravo y que prevé que los funcionarios tengan un mínimo de conocimientos en valenciano para dirigirse a las personas de habla valenciana que quieran comunicarse en su lengua. Lejos de ser un camino de rosas, la ley de Función Pública supuso un pulso entre Bravo y Marzá al querer el segundo blindar el requisito lingüístico y el nivel de conocimiento por ley y no aplazarlo en un decreto posterior. En un acuerdo reciente, Marzá y Bravo concluyeron junto a los sindicatos que la ley incorporará el requisito lingüístico, a excepción de alguna exención en el ámbito de la Sanidad cuando sea preciso cubrir más plazas de facultativos. El único sindicato en contra ha sido la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Generalitat Valenciana después de que sus representantes fueran expulsados de una reunión a la que habían sido convocados para informar de las últimas novedades en el anteproyecto de la ley, que incluye el requisito lingüístico para el acceso a la función pública al que CSIF se opone, según informa en su página web.
Atención telefónica al ciudadano
La atención telefónica o telemática se regula igual que la presencial: será inicialmente en valenciano, sin perjuicio de que se pueda cambiar al castellano.
Identidad corporativa de la Generalitat
Los elementos de identidad corporativa, especialmente en las denominaciones de los órganos y organismos de la Administración, en cualquier tipo de soporte, estarán redactados en valenciano.
Redes sociales
Los contenidos de titularidad de la administración autonómica se tendrán que poder consultar, al menos, en valenciano y en castellano por este orden, y si el medio lo permite, en otra lengua de comunicación internacional. En cualquier caso, la página de inicio de las webs oficiales será en valenciano. En el caso de los contenidos en redes sociales, si se permite solo una lengua será el valenciano.
Comunicaciones internas y notificaciones
El decreto dice que las actuaciones internas de carácter administrativo se redactarán en valenciano. Respecto a las notificaciones en procedimientos administrativos, las notificaciones y comunicaciones remitidas por la Generalitat a particulares, asociaciones o empresas ubicadas en territorios de habla valenciana serán en valenciano. Se redactarán en castellano previa solicitud de la persona interesada. Si el territorio es de habla castellana se redactarán en las dos lenguas. Para notificaciones fuera de la Comunidad Valenciana se usarán las dos lenguas, a excepción de cuando se destinen a «comunidades autónomas del mismo dominio lingüístico que el valenciano», refiriéndose a Cataluña y Baleares.
Rotulación y señalización en edificios administrativos
Los rótulos interiores y exteriores en cualquier soporte de las dependencias administrativas se redactarán en valenciano. En zonas de habla castellana «además, se podrá hacer en valenciano». Este punto también contó con la alegación del director de Comercio, que pidió la redacción obligada en ambas lenguas para las zonas castellanoparlantes.
