La Conselleria de Educación y Cultura no piensa variar su hoja de ruta en pos de una posición «destacada» del uso del valenciano en la administración autonómica. No considera que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el decreto que regula el empleo de los idiomas en la Generalitat deba torcer sus planes, a pesar de la severidad en algunos momentos del informe.
Se refieren las fuentes de Educación y Cultura a que «el valenciano será la lengua de uso general y destacado de la administración, tanto en la atención al público como en la imagen institucional, el trabajo interno y las comunicaciones con la ciudadanía». Está por ver qué sucede con el uso del valenciano en las intervenciones públicas de las autoridades, que el CJC ve como «una imposición» inviable.
El Jurídic realiza en total siete observaciones esenciales al proyecto elevado por el área de Marzà. Se trata de un ente consultivo, de modo que la Generalitat puede acatar o no sus consideraciones, si bien advierte que el decreto será «conforme al ordenamiento jurídico siempre que se atiendan las observaciones esenciales efectuadas». Es lo que suele suceder.
En este caso, no obstante, hay que tener en cuenta que el dictamen ha contado con un voto particular de dos consejeras, Margarita Soler y Asunción Ventura (dos de las tres designaciones que hizo el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra el pasado otoño).
Este voto rechaza la consideración mayoritaria en el CJC de que los documentos de cualquier tipo que tengan que ver con otra comunidad autónoma deberán ir acompañados de una traducción al castellano. El proyecto así lo contempla salvo en el caso de los territorios «pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano» (Cataluña y Baleares), en los que no haría falta traducción al castellano.
Estas son observaciones esenciales, si bien el departamento de Marzà considera no tenerlas en cuenta. Entiende que entran en terreno político más que jurídico, según algunas fuentes consultadas por este diario.
El argumento que esgrimen Soler y Ventura es que la ley de Procedimiento Administrativo de 2015 establece que no es necesaria la traducción de escritos si estos producen efectos en una comunidad «donde sea cooficial esa misma lengua diferente del castellano». Y el dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de febrero de 2005, añaden, considera que «la lengua propia e histórica de los valencianos es también la que comparten Cataluña y Baleares», además de otros territorios de la antigua Corona de Aragón.
La conselleria se encontró ayer con el respaldo de Acció Cultural del País Valencià, que subrayó que los consejeros «autores del grueso del informe son los nombrados» por el Ejecutivo anterior del PP. Por su parte, el PP de Alicante y Ciudadanos rechazaron el «decretazo lingüístico» del Consell, en palabras de los populares.
