Asegura respecto al decreto que regula los usos del valenciano en la Administración, contra el que alegó, que a menudo tiene que pedir la misma documentación oficial en castellano ya que solo la recibe en valenciano. Dice que el Ayuntamiento tiene problemas para entender textos en valenciano, como el propio decreto, del que pidió copia traducida al poder accederse a él solo en valenciano.
Sostiene que el Consell discrimina a Orihuela con su política lingüística. «Nos discriminan por haber nacido en un territorio de la Comunidad que habla castellano», afirma. Bascuñana asegura que su partido no ejerce ningún ataque al valenciano, «como se nos ha dicho», sino que defiende el derecho a hablar en castellano. «No queremos que se nos castigue por hablar la lengua que sabemos», añade. Al hilo del argumento de los populares en las Cortes Valencianas dice que el gobierno de Puig y Oltra actúa por «imposición».
A su juicio, la atención al público por parte de los funcionarios en zonas con predominio de habla castellana tiene que ser, en todo caso, el castellano, y en las de predominio del valenciano ambas. En los escritos y documentos expedidos por la Administración afirma que el español tiene que estar siempre presente por ser lengua oficial del Estado español.
