El juez del PGOU tilda de «sainete» las declaraciones de Ramón Salvador y rechaza citar a Castedo y Alperi

El magistrado considera que citar a Castedo y Alperi provocaría nuevas dilaciones injustificadas en el proceso y lo descarta

17.03.2017 | 01:30
Ramón Salvador Águeda.

El juez que investiga la presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante ha rechazado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción en el que pedía volver citar a declarar a los exalcaldes de Alicate Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, así como al abogado Javier Gutiérrez, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La Fiscalía quería interrogarles al hilo de la declaración del promotor Ramón Salvador, que aseguró que recibió presiones para pagar comisiones a cambio de que se le recalificara suelo. El juez considera que las declaraciones de Águeda «más parecen el acto de un sainete y una declaración de descargo» y añade que «no son más que humo», sin que en ningún momento se concrete si el promotor llegara a prestar la «ayuda» que le pedían.

La investigación por el PGOU estaba terminada, después de que el juez dictara auto de procedimiento abreviado, que supone el procesamiento de los investigados, entre los que se encuentran Castedo y Alperi, así como el empresario Enrique Ortiz. En estos momentos se están resolviendo los recursos contra esa decisión. El fiscal había pedido iniciar una nueva ronda de declaraciones ante las manifestaciones de Ramón Salvador. El juez lo rechazó, decisión que recurrió el Ministerio Público. El magistrado Manrique Tejada ha reiterado su negativa al considerar que la declaración «carece de suficiente credibilidad» para replantearse su auto de procedimiento abreviado. Contra esta decisión aún cabe recurso ante la Audiencia.

El juez argumenta que «el reunirse con Castedo, Alperi o Gutiérrez o comer con ellos» no puede considerarse «una imputación de actuaciones irregulares nuevas en la instrucción de esta causa», en contra de lo sostenido por el fiscal. El magistrado argumenta que la denegación de pruebas por estimarse «inútiles» no supone innecesariamente indefensión y recuerda que esta facultad viene motivada por razones prácticas como «evitar dilaciones injustificadas del proceso» y considera evidente que las diligencias pedidas «no tienen sentido» tras años de instrucción. El magistrado Manrique Tejada cita al abogado de Alperi al decir que la petición se basa en unas «vagas, inconcretas y equívocas manifestaciones».

En la declaración, Ramón Salvador habla del pago de tres facturas de 50.000 euros cada una al despacho de Javier Gutiérrez por tres planes diferentes en diferentes ciudades. Aunque el promotor aseguraba que eran facturas por pagos anteriores, en su declaración los relacionaba con las reuniones con Alperi y Castedo, y se limitaba a decir que «yo le doy el beneficio de la duda», sin concretar más, según relata el auto judicial.

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