El fiscal que investiga el caso Taula observa una «dinámica delictiva» en el grupo municipal del PP del Ayuntamiento de València a través de la cual se revela «un firme propósito de actuar al margen de la legalidad» para financiar ilegalmente al partido durante la campaña electoral de 2007 de Rita Barberá a la alcaldía del «cap i casal». De este modo, el ministerio público observa indicios de dopaje económico del PP de la ciudad de València, cuyos concejales y asesores están imputados en la causa que investiga la presunta financiación ilegal de la formación. El sumario de la pieza que instruye el conocido como Ritagate, cuyo secreto se levantó ayer, apunta a que empresas con contratos con el consistorio valenciano aportaron dinero a Laterne, la empresa que supuestamente recaudaba los donativos para sufragar la campaña electoral de Barberá en 2007.

Una campaña que gracias a esta aportación de fondos habría tenido un coste 20 veces superior al contrato que el grupo Municipal firmó con la empresa de Sáez Tormo (150.000 euros). Entre las empresas citadas como «donantes» se encuentran Secopsa, Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), Rulv Valencia (UTE de Secopsa), el Grupo Rover Alcisa, Urbana Ducat, Nou Litoral, PKL Real State, Pavasal, Luján, Lubasa, Edival, FCC y Ágora Patrimonial. Según el fiscal, «resulta evidente que existe no solo una conexión, sino una manifiesta continuidad en una dinámica delictiva que lejos de ser accidentes aislados rebelan un firme propósito de actuar al margen de la legalidad». El sumario recoge además la declaración de Jesús Gordillo, exasesor de Alfonso Grau que asegura ante los agentes de la Guardia Civil que el concejal del PP llegó a pagar 350.000 euros de la campaña de Rita Barberá en el año 2007 en billetes de 500 euros. Gordillo es el testigo que dio la voz de alarma sobre la presuna financiación ilegal del Partido Popular con anterioridad a la cita electoral de 2011.