14 de marzo de 2017
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El fiscal pide inhabilitar siete años al exedil del PP José Antonio Sobrino por trocear un contrato

Anticorrupción acusa también a un técnico por las irregularidades en la adjudicación del montaje de una feria outlet en el Puerto de Alicante

15.03.2017 | 01:07
El exedil José Antonio Sobrino el día que declaró en el juzgado por estos hechos.

El Ministerio Público considera que se fraccionaron los trabajos para burlar los límites que marca la ley.

El fiscal ha pedido siete años de inhabilitación para el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante José Antonio Sobrino por trocear un contrato adjudicado a dedo por el montaje de una feria, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario. El contrato fue troceado para no superar el importe que le obligaba a recurrir a un procedimiento negociado, lo que suponía pedir presupuesto a tres empresas. La misma pena reclama el fiscal Anticorrupción para el técnico municipal Diego Agulló, que fue quien materializó los pagos. Felipe Briones considera al expolítico autor de un delito de prevaricación y al funcionario, cooperador necesario. Mientras que Sobrino está hoy apartado de la política y se dedica a la hostelería, el técnico sigue en activo en el Ayuntamiento de Alicante.

El Ministerio Público sostiene que el entonces edil de Comercio en la etapa en que Sonia Castedo era alcaldesa de Alicante José Antonio Sobrino «suscribió un contrato de servicios por 42.009 euros sin Iva adjudicándolo directamente y sin tramitarlo conforme al procedimiento negociado sin publicidad, que era lo que le correspondía legalmente por exceder los 18.000 euros».

Briones considera que tanto el concejal, como el jefe de servicio Diego Agulló «aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial haciéndolos pasar por contratos menores» cuando «todos obedecían al mismo objeto suscrito».

Se trata de una pieza separada del proceso que investiga la supuesta adjudicación irregular de la contrata de instalaciones festivas por parte del Ayuntamiento a la mercantil Isjoma. La feria outlet se celebró en octubre de 2009 en la zona Volvo del puerto de Alicante.

Este proceso se inició raiz de la denuncia que presentó el representantes de la mercantil Montajes Alavés S. L. (denunciante a su vez en la causa de Isjoma y adjudicatario del contrato de la feria), quien ratificó en sede judicial que el técnico le había pedido que aportara facturas emitidas por terceros que no habían intervenido en esa ejecución para así no superar las cantidades que el Ayuntamiento podía pagar directamente sin necesidad de pedir más ofertas. El fiscal señala en su escrito de acusación que el empresario aportó conversaciones grabadas en las fechas 1 y 17 de diciembre de 2009 con el técnico municipal que acreditaban que éste tenía conocimiento exacto de la infracción cometida, del procedimiento legal que se debería haber seguido, llegando a proponer a Alavés a que aportara facturas a nombre de terceros, a lo que éste se negó.

El fiscal considera que el exedil suscribió un contrato de servicios por 42.009 euros adjudicándolo directamente y sin tramitarlo conforme al procedimiento negociado sin publicidad, al exceder los 18.000 euros. Más tarde, el exconcejal y el jefe de servicio «perfectamente conocedores de lo ocurrido» aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial, haciéndolos pasar por contratos menores para servicios de la Feria Outlet. Así, pese a que dos patrocinadores pagaron finalmente dos de las facturas a las que se había obligado inicialmente Sobrino, desde el Ayuntamiento se abonaron otras cuatro, que ascendieron a 26.320 euros.

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