Siete años de inahilitación especial para empleo o cargo público es la pena que ha solicitado el fiscal Felipe Briones para el exconcejal del PP en el gobierno municipal de Sonia Castedo José Antonio Sobrino por trocear el contrato del montaje de una feria que fue adjudicado a dedo cuando por su importe tenía que haberse sometido a un procedimiento negociado, lo que obligaba a pedir pedir presupuesto a tres empresas. La misma pena que reclama para el técnico municipal Diego Agulló. Briones considera al expolítico autor de un delito de prevaricación y al funcionario, cooperador necesario al funcionario.
El Ministerio Público sostiene que el entonces edil y hoy apartado de la política José Antonio Sobrino "suscribió un contrato de servicios por 42.009 euros sin Iva adjudicándolo directamente y sin tramitarlo conforme al procedimiento negociado sin publicidad, que era lo que le corresponía legalmente por exceder los 18.000 euros". Briones considera que tanto el concejal, que en la actualidad está apartado de la vida pública y se dedica a la hostelería, como el jefe de servicio Diego Agulló, aún en activo, "aprobaron pagos fragmentados del contrato inicial haciéndolos pasar por contratos menores" cuando "todos obedecían al mismo objeto suscrito".
Se trata de una pieza separada del proceso que investiga la supuesta adjudicación irregular de la contrata de instalaciones festivas por parte del Ayuntamiento a la mercantil Isjoma. La feria se celebró en octubre de 2009 en el puerto de Alicante.
