? La Dirección General de Investigación, Innovación y Tecnología, dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha alegado contra el decreto que regula el uso del valenciano en la administración pública al entender que las fundaciones no disponen de suficientes medios para hacer frente a las traducciones y sus costes, además de alertar de que carecen de información sobre su competencia en valenciano oral y escrito en relación a los textos que manejan, los historiales clínicos o la atención en las visitas médicas.
