Ayuntamientos de la Vega Baja han impulsado una batalla política contra el rosario de decretos en materia lingüística en los que trabaja la Conselleria de Educación y han alegado en contra del que regula el uso del valenciano en la administración autonómica y en sus trabajadores. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, firma la redacción de la alegación de su consistorio contra una normativa que, a su juicio, «no muestra el más mínimo respeto por el castellano» y solicita al Consell que le remita una copia del decreto en castellano al tener solamente acceso al mismo en valenciano. Así, la impugnación oriolana exige que los textos oficiales se redacten también en castellano cuando se trata de zonas de habla castellana.
En la misma línea se ha posicionado el Ayuntamiento de Benejúzar, donde su alcalde, Antonio Bernabé, denuncia en una alegación similar «la carga para los ciudadanos de tener que solicitar que la Administración se dirija a ellos en castellano». En este sentido, al igual que Orihuela, reclama que la atención al público por parte de los funcionarios sea en castellano para la zona de la Vega Baja.
Ambas alegaciones han sido rechazadas ya por Educación al estar ambas presentadas fuera de plazo, según la Conselleria.
Por otro lado, el grupo parlamentario Cs trasladó ayer al Ministerio de Educación el conflicto lingüístico de la Comunidad Valenciana y preguntó si se ha solicitado un informe de valoración del decreto del Consell sobre el modelo lingüístico educativo a la Alta Inspección Educativa del Estado. La diputada en el Congreso Marta Martín tildó el planteamiento del conseller de Eduación, Vicent Marzà, de discriminatorio con el castellano y recordó que el alumnado que opte por las líneas en valenciano «tendrá títulos en lenguas sin tener que examinarse en la Junta Qualificadora o en las escuelas oficiales de idiomas, mientras que el alumnado que opte por la línea en castellano no tendrá ninguna cualificación».
