A justo una semana de que los militantes apuntados al proceso interno -apenas unos 8.500 de los 150.000 que declara tener el PP de la Comunidad Valenciana- acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente regional, el debate del congreso, convocado para el primer fin de semana de abril en Valencia, se centra en unas ponencias que marcan un doble camino a los populares. Primero: empezar a moldear una alternativa clara y nítida al Consell de izquierdas con un liderazgo a la medida de Isabel Bonig, clara favorita frente a la candidatura, a priori, testimonial que encabeza José Luis Bayo. Y segundo: empezar a limpiar la maltrecha imagen del PP como consecuencia de las investigaciones por corrupción a las que se ha visto sometido, especialmente, durante la recta final del mandato en la Generalitat.

Marcó esa agenda Loreto Cascales, diputada por Alicante y coordinadora de la ponencia titulada «La ruta del nuevo PPCV» con la que los populares intentan «actualizar completamente» el ideario político de esta formación, «blindarlo contra la corrupción» y consolidar a la organización como una fuerza «abierta, participativa y muy formada». Ese nuevo reglamento interno, que luego tendrá que adaptarse a las ejecutivas provinciales en los congresos que se celebrarán a finales de mayo o principios de junio, incluye por primera vez el código ético que deberán observar todos los cargos y militantes del PP de la Comunidad, «que es el más estricto de cuantos existen en estos momentos en España». Y también un plan de prevención y cumplimiento de la propia normativa, según explicó María José Ruiz, una de las colaboradores de Cascales en la elaboración del documento.

«Nos exigimos unas normas éticas, morales y deontológicas, desde el cargo más alto a nivel orgánico o institucional hasta el concejal del pueblo más pequeño o el afiliado de base, para blindarnos ante posibles conductas inadecuadas y hacer hincapié en la excelencia de todos nuestros cargos y afiliados», añadió Ruiz. Asimismo, explicó la coautora del documento, los populares pondrán en marcha un sistema de prevención y cumplimiento de las normas internas que, a su vez, establecerá un procedimiento «pautado y evaluable para verificar las actuaciones y garantizar la vigilancia constante» del partido para el cumplimiento del código ético.

Borja Espert, el otro coautor de la principal ponencia a debate en el congreso, explicó que el PP pondrá en marcha una Escuela de Formación para preparar «el mejor cuadro de dirigentes que en breve va a volver a gobernar la Generalitat», mediante la atención «continua y constante a todo afiliado y cargo público o institucional en cada una de las facetas de la actividad pública». En cuanto a la participación, subrayó que en el PP por vez primera los afiliados van a participar directamente en la elección del presidente, y que se van a implementar «nuevas herramientas y aplicaciones que permitan un intercambio fluido de información con los afiliados en general». Citó, entre otras, la creación de una oficina física del parlamentario en cada sede provincial, la habilitación de tres números móviles para consultas que serán atendidas en menos de 48 horas y la implantación de una intranet para los afiliados junto a una nueva aplicación móvil para establecer un canal de comunicación directo.

También se incorporará un cuarto documento a debate en los congresos, la Ponencia Abierta, cuyo contenido será elaborado por los afiliados que así lo deseen y que será expuesta y debatida como el resto de textos congresuales. Loreto Cascales destacó la apuesta del PP «por hacer más Comunidad y reforzar el sentimiento de pertenencia y de valencianía de los 5 millones de ciudadanos de la Comunidad sin exclusiones, vivan donde vivan. Y defender el uso y el conocimiento de las dos lenguas cooficiales desde la libertad, sin imposiciones ni sectarismos». «Queremos aunar a las tres provincias para un futuro de éxito y defendemos y abanderamos el nuevo valencianismo», recalcó Cascales tirando del argumentario que el PP ha lanzado en las últimas semanas para tratar de agitar el conflicto identitario frente a la Generalitat.