04 de marzo de 2017
04.03.2017

El PP pedirá a sus cargos de la Comunidad un certificado de delitos penales

El partido abordará en su congreso regional la exclusión de los dirigentes con antecedentes

07.03.2017 | 00:30

Crea un código ético para pasar página a la corrupción.

El PP quiere a los delincuentes fuera del partido. Al menos, eso se desprende de los documentos que se debatirán en el próximo congreso regional. Uno de ellos, bautizado como Ponencia Política y Reglamento de Organización del PPCV, aúna toda una serie de medidas para evitar que dirigentes con conductas indeseadas puedan ostentar cargos de relevancia en la formación. Entre las obligaciones figura la presentación de un certificado de antecedentes penales antes de concurrir en cualquier proceso electoral. «Aquellas personas que ostentan cualquier tipo de cargo en representación del PPCV, tanto orgánico como institucional, así como aquellas personas que vayan a formar parte de una candidatura deberán presentar una declaración previa de antecedentes penales. No importa la naturaleza del delito, ninguna es admisible», zanja el documento, subido ayer por la tarde a la página web del PP de la Comunidad.
Esta decisión excluirá de cualquier cargo de representación no solo a los dirigentes condenados por corrupción, sino a aquellos sentenciados por coacciones, amenazas, maltrato, injurias o delitos contra el medio ambiente, entre otros muchos.

Benidorm como espejo

Las exigencias van más allá. Entre otras, se incorpora una decisión que abanderó José Císcar en la convención que los populares alicantinos celebraron en Benidorm en octubre de 2014 y que generó cierta polémica. Concretamente, la dirección regional ha «copiado» ahora la idea de que no puedan concurrir en una misma candidatura electoral dos familiares de primer grado. Aquel acuerdo de Benidorm levantó polvareda en Sant Joan, ya que impidió que Manuel Aracil y su hijo David pudiesen repetir en la candidatura de los comicios municipales de 2015, como sí habían hecho en 2011.

En la ponencia sobre Política y Organización, comandada por la diputada por Alicante en el Congreso Loreto Cascales, también se veta la recepción de cualquier regalo a título individual como consecuencia del cargo público y se exige la comunicación inmediata de los procedimientos judiciales que se abran a los dirigentes.
Todas estas medidas se enmarcan dentro de un código ético impulsado por la cúpula regional y que tiene como objetivo final «ir paso (sic) más allá en las auto exigencias que nos marcamos a nivel ético, moral y deontológico», reza el documento. En sus 64 páginas sólo se menta en dos ocasiones la palabra corrupción. Una de ellas, para proclamar: «El PPCV es el partido que previene la corrupción».

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