La Diputación de Alicante aprobó ayer con los votos de PSPV, Compromís, EUPV y el diputado tránsfuga Fernando Sepulcre una moción para que la institución reclame al Gobierno más celeridad y financiación para la construcción del Corredor Mediterráneo y a través de la cual se condenaba también la desviación de fondos europeos del Corredor a otras infraestructuras de Madrid, como el túnel de la estación de Atocha a Chamartín o los 728 millones de euros de los fondos europeos Feder destinados al tramo Algeciras-Córdoba-Madrid. La propuesta, llevada al pleno por Compromís y enmedada por el grupo socialista para exigir al ejecutivo de Mariano Rajoy «voluntad política y la financiación precisa» para esta infraestructura, contó con la negativa del PP.

Los populares se quedaron solos en su rechazo a la moción al entender que la iniciativa de Compromís no tenía como objeto la defensa de los intereses de los ciudadanos, sino el ataque frontal al Gobierno Central. «Esto es una declaración contra el Gobierno hecha desde la radicalidad», sostuvo el portavoz del PP en la Diputación, Carlos Castillo, quien añadió que «ojalá» los diputados de Compromís «hicieran la misma defensa de los intereses de los alicantinos frente a su gobierno en Valencia». La iniciativa sobre el Corredor, defendida por el diputado de Compromís José Manuel Penalva, condenaba también las afirmaciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que aseguró en Valencia que la importancia del Corredor Mediterráneo estaba sobrevalorada.

En el denso y madrugador pleno de ayer-comenzó a las 8:30 horas de la mañana- también se aprobó el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2017, que contempla una inversión de 21,2 millones de euros, un 31,6% más que el año anterior, de los que la Diputación paga 15 millones y del que se beneficiarán 53 municipios de la provincia. El prinicipal plan para las obras y servicios municipales contó con el respaldo de todos los grupos políticos, a excepción de EUPV, cuya única diputada se abstuvo al denunciar que el plan llevado al pleno inclumplía las bases al haber otorgado por segundo año consecutivo este tipo de ayudas a la localidad de Vall de Laguar, gobernada por el PP. «Se han quedado fuera de estas subvenciones 13 municipios porque la partida no llegaba a todos, por ello nos parece un agravio comparativo con otros municipios aprobar la distribución de unas subvenciones que a nuestro parecer tienen irregularidades claras», sostuvo la diputada, que explicó que esta localidad recibió en 2016 un total de 218.500 euros para la mejora del acceso al consultorio médico y a la que este año se le han otorgado 228.000 para una pista de pádel. El PP explicó que en noviembre de 2016 por decreto del presidente se modificó la categoría de las obras de acceso al consultorio y que por tanto es compatible con la subvención 2017.