Pase lo que pase en los tribunales, el portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, ya ha conseguido su objetivo con la denuncia en la que destapa el supuesto amaño de contratos por valor de 3,2 millones en el Patronato de Turismo entre los años 2004 y 2008 para acudir a Fitur. Anticorrupción tendrá que decidir si abre una investigación con los setenta documentos aportados por los diputados de Compromís que detallan el «troceo» de los contratos para evitar los topes legales y entregar los servicios de Fitur a la empresa Los Molinos en un procedimiento similar al que, en la misma época, servía al Consell de Francisco Camps para favorecer en sus adjudicaciones a la trama Gürtel. Puede que alguno de los hechos que desvelan esos papeles ya hayan prescrito y que, por tanto, el movimiento de Fullana no se traduzca en un sumario judicial. Pero es evidente, sin embargo, que la operación, acabe como acabe la denuncia registrada en la Fiscalía, tiene un enorme calado político.
De un plumazo, el grupo de Compromís ha colocado en el punto de mira al presidente de la Diputación, César Sánchez, con uno de sus hombres de confianza, Eduardo Dolón. Han colocado en un aprieto a la cúpula del Partido Popular, que debe responder de un asunto que se fraguó durante la guerra interna entre Valencia y Alicante. Y desde luego, también, ponen en evidencia la «política de colaboracionismo» con la que los socialistas manejaron su presencia en la Diputación durante esa etapa en la que Joaquín Ripoll, al mando del Palacio Provincial y del aparato alicantino del PP frente a Camps, pactaba todos los repartos de inversiones con el PSPV pese a contar con una mayoría aplastante.
Gerard Fullana apretará el acelerador para poner el foco en el desgaste a César Sánchez, presidente de la principal institución que le queda al PP en la Comunidad, y de paso terminar de convertirse «de facto» en el líder de Compromís en la provincia. El propio Sánchez y Eduardo Dolón, a su vez, tienen una «patata caliente» encima de su mesa. Frente al intento de Fullana de desgastar su figura han optado, de momento, por hablar de transparencia, colaboración con la justicia y defender su labor con lo que, por omisión, están poniendo en la picota la gestión del PP durante la etapa de Ripoll -para el que la Fiscalía pide 16 años de prisión por el caso Brugal- y de Sebastián Fernández, hoy asesor del alcalde Benidorm, como diputado de Turismo. La cúpula popular deberá dar explicaciones sobre una pugna política que, como se demuestra, también tenía una correlación en el reparto de jugosas adjudicaciones públicas. Y a los socialistas les queda el papel de explicar los motivos por los cuales se dedicaron durante años a mirar para otro lado. Una apasionante partida de ajedrez.
