La defensa de la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha pedido a la Audiencia que la evite «una pena de banquillo» y archive el caso de las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de la ciudad. El equipo de abogados de la exalcaldesa de Alicante, Juan José Martínez Albert y José María Asencio, sostiene que no hay indicios de cohecho, ni tráfico de influencias, ni revelación de información privilegiada y plantea a la Audiencia que revoque el auto del juzgado que la procesa por estos delitos. En la causa del PGOU, que es una pieza separada del llamado caso Brugal, están investigados (figura que sustituye a los imputados), entre otros, los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo y el empresario Enrique Ortiz. En varias ocasiones en el recurso, los letrados recuerdan el archivo de otra pieza derivada de Brugal confirmada por la Audiencia por no ver indicios de delito y en la que los tres estaban entre los investigados.

El recurso de apelación ante la Audiencia señala que el juez Manrique Tejada se ha limitado al dictar el procesamiento de los investigados a copiar los informes policiales iniciales y la exposición razonada que ya envió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad en 2012 para que continuaran las diligencias por ser aforados Alperi y Castedo, dada su condición de diputados autonómicos. A juicio de los letrados, el juez ignora lo sucedido en siete años de instrucción.

Los letrados inciden en que en el auto no se aclara si Castedo está imputada por un delito de tráfico de influencias, ya que «no se determinan» qué actos de influjo o presión pudo realizar la exalcaldesa. En esta línea, recuerdan que pidieron aclaración al juzgado y éste lo ha desestimado, hecho que, a su juicio, les causa «indefensión» al no saber de qué la acusan. «El juzgado se ha negado de forma expresa a aclararlo, a pesar de las contradicciones que aparecen en el auto», dicen. Según el recurso, la resolución no cita acto de presión alguno para que los técnicos beneficiaran a Ortiz y los propios funcionarios rechazaron en el juzgado haber recibido presión alguna. «La señora Castedo no participó en las reuniones para la redacción del Plan General, ni presionó al señor Quesada, ni al resto de los redactores, ni a los funcionarios intervinientes», señala el recurso. El recurso rechaza que la actuación del Ayuntamiento estuviera dirigida a beneficiar a Enrique Ortiz. «Beneficiar no es equivalente a no perjudicar», aseguran respecto a la decisión de desplazar un vial proyectado en una zona conocida como el APA9, donde Ortiz tiene suelo, ya que, tal como recuerdan esa zona ya estaba considerada urbanizable en el plan general que redactó Lluis Cantallops antes de los hechos investigados.

Tampoco se aclara, a su entender, cuál es la información privilegiada supuestamente facilitada a Ortiz. «La imputación consiste en presumir que los documentos dados a conocer y las informaciones eran del PGOU», señalan. En este sentido, inciden en que no se razona el motivo por el que el plan general es materia reservada «cuando las normas aplicables establecen expresamente lo contrario» y tampoco se concreta el supuesto perjuicio causado a la Administración,

Los letrados sostienen que el PGOU no era un documento reservado y que «su naturaleza es pública». Los abogados argumentan que cualquier interesado, en cualquier momento, puede tener información de cualquier actuación que afecte a sus derechos e intereses, por lo que, el Ayuntamiento al dar información a Ortiz como agente urbanizador del APA9 «no revelaba secretos, sino que cumplía con su obligación».

El recurso recuerda que el Ayuntamiento acabó rechazando lo que pretendía Ortiz en las inmediaciones del Rico Pérez. «Todo lo relativo al Hércules carece de entidad delictiva por el simple hecho de que el proyecto no pasó de eso», dicen, al tiempo que recuerdan que fue el Ayuntamiento de Alicante quien desistió por no haberse alcanzado una solución satisfactoria para el interés general».