El empresario Ramón Salvador aseguró ayer ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante que recibió presiones para que pagara comisiones por el PGOU. Ramón Salvador, investigado en esta causa y en otros procesos judiciales, pidió comparecer voluntariamente en el juzgado cuando el juez ya había dictado auto de procesamiento para los implicados, entre los que se encuentran los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el empresario Enrique Ortiz. Con esta comparecencia, Salvador podría estar intentando atenuar una posible responsabilidad penal a cambio de colaborar con la Justicia.
Según manifestó Salvador, abonó 150.000 euros repartidos en tres pagos al despacho de abogados de José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez (ambos también investigados) por distintos trabajos, pero ayer cree que parte de ese dinero pudieron ser «peajes» por otros motivos que no concretó. En dichas reuniones, dijo que le plantearon que había que acabar con «el monopolio urbanístico de Ortiz». El sumario de esta pieza separada del caso Brugal recoge que el empresario contrató al despacho de abogados para que le tramitaran alegaciones al PGOU por un sector conocido como Pla de Xirau, donde Salvador tenía suelo y que pasó a ser no urbanizable en el nuevo ordenamiento. Los terrenos volvieron a ser urbanizables tras las gestiones del bufete de Gutiérrez y Castedo. El promotor contrató al mismo despacho para asuntos urbanísticos en otros municipios, como San Vicente y San Miguel de Salinas.
Las reuniones
Ramón Salvador señaló ayer que esas presiones se habrían producido durante al menos tres reuniones en las que estuvieron presente las autoridades municipales. Dos de ellas se mantuvieron con Alperi, la primera de ellas cuando éste todavía era alcalde y la segunda cuando ya había dejado el cargo, en la que le manifestó que a pesar de que no estar al frente del Ayuntamiento seguía controlando el Urbanismo de la ciudad. Ambos encuentros fueron comidas, según explicó, pagadas por Alperi y en las que éste le planteó que «tenía que ayudar». El promotor le agradeció la invitación regalándole dos botellas de champán.
La otra de las reuniones se habría producido en el Ayuntamiento de Alicante ante la entonces alcaldesa Sonia Castedo y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, según fuientes presentes en la declaración. En ella, tras hacer una visita por las dependencias municipales, se le planteó que hacía falta dinero para un estudio de impacto ambiental y que había que terminar con el monopolio urbanístico de Ortiz. Según explicó, al inicio de la reunión, Gutiérrez le dijo a Castedo que su cliente «ya lo sabía todo» y ésta no llegó a intervenir.
Las fuentes consultadas por este diario precisaron que el abogado le habría planteado el pago de un millón y medio de euros para garantizarle la construcción de un gran edificio en Pla de Xirau, algo a lo que el promotor se negó porque el principal tipo de edificaciones eran chalés y edificaciones de baja altura.
A su salida, Ramón Salvador se limitó a decir que había dicho «la verdad» y que «tenía la conciencia tranquila» Aunque no quiso entrar en el contenido de su declaración, al ser preguntado por qué decía todo esto ahora, aseguró que se trataba de cosas que no valoró entonces y que ahora veía de otro modo.
