Milagrosa Martínez afronta su futuro ingreso en la cárcel con todos los bienes embargados y bajo tratamiento médico por el estado depresivo que presenta desde que el TSJ le comunicó la condena la semana pasada. La expresidenta de las Cortes Valencianas, exconsellera de Turismo y exalcaldesa de Novelda deberá cumplir nueve años de cárcel por amañar contratos de Fitur en el caso Gürtel. La decisión del alto tribunal le ha producido un trastorno anímico por el que está siendo sometida a tratamiento médico a base de tranquilizantes. De hecho, debido al cuadro de ansiedad que mantuvo todo el fin de semana, fue necesario que el lunes por la tarde un médico acudiera a visitarla a su chalé del paraje noveldense del Campet, donde se encuentra recluida desde el viernes para evitar exponerse a la opinión pública.
Pero no es el primer «golpe» que recibe por su implicación en el caso Gürtel. En marzo de 2015 el TSJ decretó contra ella un embargo de 636.500 euros por responsabilidad civil. En aquel momento todavía era alcaldesa de Novelda aunque el PP le suspendió cautelarmente de militancia por su implicación en la trama corrupta. Los dirigentes del partido querían evitar a toda costa la foto de una afiliada sentada en el banquillo. Fue la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la que le notificó el embargo de bienes a petición de la Fiscalía. Sin embargo, no se presentó fianza alguna ni el letrado de Milagrosa respondió a la petición de la Sala de señalar de qué bienes disponía su representada, por lo que la relación la realizó el propio TSJ tras llevar a cabo las oportunas averiguaciones sobre los mismos. Unas semanas más tarde se ordenaba el embargo preventivo del chalé donde vive actualmente, que es una herencia de sus padres; un solar situado en la avenida de la Libertad y una antigua vivienda ubicada en la calle Vázquez de Mella también de Novelda. Desde entonces ha seguido haciendo uso de esos bienes pero ha perdido el pleno dominio sobre los mismos. No obstante del embargo se ha librado la céntrica vivienda unifamiliar ubicada en la calle Virgen de los Desamparados, en cuya planta baja instaló su despacho cuando empezó a ejercer de abogada en el turno de oficio de Novelda, porque con anterioridad a su imputación cedió la propiedad al menor de sus hijos.
Su decisión inflexible de acabar la pasada legislatura como alcaldesa, a pesar de haber sido suspendida de militancia y tener a la mitad de su grupo municipal en contra, fue justificada por la oposición por una cuestión meramente «crematística» dada la mala situación económica que, según su entorno, ya atravesaba entonces. Pero durante sus últimos meses como alcaldesa el embargo decretado por el TSJ también se llevó parte de su salario.
