El congreso nacional del PPPP, celebrado durante el fin de semana en Madrid, ha terminado por marcar las líneas de los dos procesos que, a partir de ahora, tendrán que afrontar los populares en la Comunidad y en la provincia. El cónclave regional para apuntalar el liderazgo de Isabel Bonig con Alicante, a día de hoy, como su principal apoyo. Y el provincial en el que José Císcar tiene vía libre para optar a un segundo mandato después de que César Sánchez ya disponga de un encaje en Madrid como el cargo del PPCV

-miembros natos al margen- de más relevancia en Génova. Después de cerrar una cita en la que Mariano Rajoy fue elegido por cuarta vez como presidente del PP con el 95% de los votos, la orden que el aparato ha trasladado a las organizaciones territoriales es la de repetir esa fórmula: amplios consensos y candidaturas únicas para reforzar la unidad con un objetivo claro: ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019, como remarcó María Dolores de Cospedal en su discurso de cierre.

La primera parada de ese largo proceso de cinco meses en el que el PP quiere renovar toda su estructura, incluída la convocatoria de las asambleas locales, tendrá hoy su primera parada con la convocatoria del congreso regional. Isabel Bonig refrenda su liderazgo con el voto de los militantes después de que, en su día, lo heredara «a dedo» por decisión de Génova tras la dimisión de Alberto Fabra. El PP de Alicante, en estos momentos, se ha convertido en el principal respaldo de Bonig, que ya se apoyaba en Císcar y en la coordinadora regional, la oriolana Eva Ortiz, para las grandes decisiones estratégicas. Y este congreso ha reforzado todavía más ese papel de cara a un cónclave regional que Bonig quiere convertir en rampa de lanzamiento para 2019. Dos son los motivos de ese nuevo panorama.

El primero, obviamente, es la fortaleza con la que la cúpula provincial del PP sale del congreso celebrado el fin de semana en la Caja Mágica. Los tres principales cargos del partido en Alicante están colocados en Madrid. Císcar sigue en una vocalía, Eva Ortiz entra en otra y el citado César Sánchez -presidente de la institución de mayor importancia que le queda al PP en la Comunidad- en una secretaría dedicada a cuestiones de Formación pero que, más allá de eso, le concede un despacho en Génova y capacidad para hacerse un hueco en Madrid con más presencia que la reunión mensual del comité ejecutivo. El «premio» para Sánchez supone un espaldarazo a su política de oposición frontal al Consell de izquierdas y le convierte todavía más, si cabe, en aliado de Bonig para desgastar al ejecutivo del PSPV y Compromís para 2019.

A eso tenemos que unir, como segundo elemento, las complicaciones de las otras dos organizaciones territoriales del PPCV. El conflicto que se le abre, por un lado, a Isabel Bonig en Valencia, donde está enfrentada al presidente provincial, Vicente Betoret, antiguo hombre de confianza de Alfonso Rus, golpeado por coletazos de la Operación Taula, colocado en la ejecutiva nacional a propuesta de Martínez Maíllo y que no cuenta ni tan siquiera con una organización en la ciudad de Valencia. Y, por otro lado, la irrelevancia de Castellón, excluida de los órganos de dirección del PP en este congreso. Así que, a estas alturas, el principal báculo de Isabel Bonig de cara a consolidar su liderazgo es, sin duda, la organización de Alicante.

Un congreso provincial que, como reconocían en los pasillos gran parte de la delegación de compromisarios, queda ya completamente despejado con la consolidación de un nuevo modelo organizativo: la bicefalia que, desde hace un año y medio, obliga a cohabitar a Císcar al frente del partido y a César Sánchez en la Diputación. Es un secreto a voces que un Císcar reforzado -es el único presidente provincial junto a Betoret en la ejecutiva nacional- se presentará a la reelección aunque no lo desvelará hasta pasar el congreso regional. Y que ahora, para darle una salida, el presidente de la Diputación ya tiene una plataforma de cierta relevancia dentro del PP -una secretaría nacional- para dejar paso con garantías y mantener el reparto de papeles actual. Un botín, admiten los cargos populares, de cuota pero sin poder ni visibilidad que dan por bueno dada la situación del PPCV con el impacto de Gürtel.