Lleva más de año y medio haciendo oposición en la Diputación, quizás la oposición más dura a la que se enfrenta ahora mismo el equipo de gobierno del PP. ¿Es una estrategia con la que se consiguen cosas o contribuye a dificultar acuerdos?
Lo que creo es que en veinte años no se ha hecho oposición en la Diputación y eso ha llevado a que se potencien las injusticias en el reparto de subvenciones. La oposición de Compromís está consiguiendo que estos temas salgan a la luz y se vayan revirtiendo por una obligación pública. Compromís no está haciendo una oposición dura, sino proporcional a los escándalos que hemos ido viendo. Hay que hacer oposición dura cuando un gobierno lleva veinte años provocando que unos ciudadanos tengan unos recursos u otros dependiendo del color político de su alcalde.
Hablaba de que el sistema de reparto de subvenciones de la Diputación
Los técnicos de las diputaciones podrían trabajar y asesorar a los pueblos, y trabajarían mejor adscritos a los municipios o a la Generalitat. Lo perverso de las diputaciones es el filtro político. Los ciudadanos pagan impuestos para que la Diputación, como la de Alicante, tenga un presupuesto de 200 millones de euros, de los que solo el 34% llega en modo de inversiones a los pueblos. Ese filtro político es perverso y debe desaparecer, es ahí cuando decimos que hay cerrarlas.
¿Hay que cerrar las diputaciones, acabar con ellas?
Después de más de año y medio en la Diputación estoy convencido de que como institución política no sirve para nada a los ciudadanos y se ha utilizado siempre con objetivos partidistas. Ahora bien, tiene una estructura técnica, conformada por técnicos, los cuales deben continuar adscritos a otras instituciones competenciales que son los ayuntamientos y la Generalitat.
¿Se ha negado la Diputación a sumarse al Fondo de Cooperación del Consell por una cuestión política?
Por supuesto. Sino, no se entendería que las diputaciones de Valencia y Castellón sí se hayan sumado. Además, había maneras de hacerlo. Es cierto que la gestión del vicepresidente económico, Carlos Castillo, del presupuesto de 2016 provocó un ajuste presupuestario que dificulta la inversión este año, pero eso fue por las batallas políticas que quisieron hacer. No quisieron entrar en la Xarxa Llibres hasta el último momento, y entraron sin cuadrarlo en el presupuesto. Eso no le pasó a otras administraciones. La guerra política del PP en la Diputación la están pagando los ciudadanos y los pueblos. Mire. La Diputación de Valencia y la de Castellón van a tener el Fondo de Cooperación y el plan sostenible que se hace con el remanente de tesorería. Ahora nos quieren vender la moto de que no va a haber fondo de cooperación, pero sí un plan sostenible, que ya lo hubo el año pasado y el anterior. Pero al final, Valencia y Castellón tendrán los dos planes grandes de inversión y Alicante solo uno. Nos van a querer engañar con eso. Cesar Sánchez no ha cumplido nada de lo que dijo y al final pierde la credibilidad. Desde luego, es un «deja vú» de Francisco Camps, tanto en el fondo como en las formas.
Habla de César Sánchez, pero le hemos visto enfrentarse mucho a Carlos Castillo
Porque además de ser el portavoz del PP y ser el que defiende a los populares en el pleno, ha tenido mucho afán de protagonismo. Quiere visualizar que él es el gobierno provincial y eso le ha generado problemas hasta dentro de sus propios diputados. Hacía tiempo que no veía un político con tan pocos recursos para el consenso, incluso con los de su propio grupo. Ha visto demasiado House of Cards. Pero no es una cuestión de nombres. Es un gobierno que ha rebajado la inversión a los pueblos en 2016, en el ámbito de la regeneración gobiernan con un tránsfuga al cual le dotan de recursos económicos extraordinarios, siguen haciendo dedazos como los dos millones a las rotondas de Calp, han boicoteado el consenso con la Generalitat y en fin, podría seguir hasta el infinito.
¿Cómo propone Compromís mejorar ese reparto de fondos de la Diputación que tanto critica?
Poniendo luz y taquígrafos a ese reparto, que es lo que hemos puesto en el Plan Objetiva y que ya le presentamos al presidente César Sánchez. Este plan propone que generemos un gran consenso por escrito sobre cómo repartir los fondos y consensuar criterios que sean para todos igual. Y sobre todo, y esto me lo han transmitido alcaldes incluso del PP, dejar de tener que rogar. Los alcaldes están cansados de rogar subvenciones a la Diputación.
¿Cómo valora los decretos de coordinación del Consell en turismo y deportes y ahora también en política social, que restan competencias a la Diputación?
Creo que no restan competencias. Instan a la coordinación e impiden que se pueda actuar de manera unilateral sin tener en cuenta las líneas estratégicas de la Generalitat que sí ha sido votada por sufragio universal. Me parecen correctos, y además estaban ya redactados, al menos el de Turismo, por el PP. Desde luego, después de comprobar cómo nos han robado en la Agencia Valenciana de Turismo, si después de la sentencia que condena a Milagrosa Martínez no nos van a permitir colaboración con las instituciones que gobierna el PP, pues no sé. A mi esto me parece lo mínimo. No hay ni un alicantino ni valenciano que se fíe de la gestión en Turismo del PP. Y, ahora sí, y lo digo con una sentencia en la mano, están muy poco legitimados para exigir una actuación unilateral en gestión turística.
¿Cómo ve que Generalitat y Diputación no se hayan reunido todavía de manera oficial?
Pues parece que la vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano lo ha intentado ya tres o cuatro veces. Lo de César Sánchez con esto es dejación de funciones. Creo que tiene muy pocos argumentos y que le acobarda reunirse con una persona como Mónica Oltra, que está cargada de ellos.
Han criticado las altas asignaciones económicas a los grupos políticos de la Diputación. ¿Van a presentar algún tipo de moción o medida para rebajarlas?
Pues le anuncio que vamos a lanzar un reto: vamos a hacer públicas todas las facturas del grupo Compromís y a pedir que los demás también las hagan. Eso no se ha hecho nunca en la Diputación. Se permite que el dinero se ingrese al partido sin saber en qué se gasta.
