Un frente común con otras comunidades para mejorar de una vez por todas la financiación autonómica. Ese es el objetivo que se ha marcado ahora la Generalitat después de que la Conferencia de Presidentes haya acordado esta semana, al fin, la revisión del actual modelo de reparto de fondos. Ese sistema, aprobado en 2009 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, conlleva un quebranto de más de 1.300 millones de euros anuales para las arcas del Consell y le impide, entre otros muchos aspectos, poder cuadrar las cuentas año tras año. Pero es que, además, debía haber expirado en enero de 2014. Pero la crisis que atravesaban las arcas estatales, por una parte, y la posibilidad de abrir una guerra entre presidentes autonómicos, por otra, convencieron a Cristóbal Montoro de aplazar sine die el nuevo modelo.

Este pasado martes, la Conferencia de Presidentes que se celebró en Madrid dio al fin luz verde a esa revisión. Y ayer, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aplaudió esa decisión. «El Gobierno valenciano está satisfecho con los acuerdos alcanzados. Yo soy optimista y realista, y mi sensación es buena», proclamó ayer la número dos del Ejecutivo durante su comparecencia tras el pleno del Consell. Y añadió: «Los acuerdos están muy bien porque el ya tal (las promesas del Gobierno para poner en marcha el nuevo sistema), que podría ser 2017, 2018 o 2023, ya se ha concretado».

Oltra no se quedó solo ahí. Además avanzó que la Comunidad intentará tejer alianzas con otras autonomías españolas con el objetivo de que el Ministerio de Hacienda tenga muy en cuenta la población a la hora de establecer el reparto del dinero. El objetivo es sencillo: la Generalitat quiere presionar a Madrid de la mano, sobre todo, de las regiones del arco mediterráneo. Y es que Baleares o Murcia son, junto a la Comunidad, las autonomías más castigadas por el modelo de 2009.

Oltra también arremetió ayer contra la Comunidad de Madrid y la acusó de actuar de manera «desleal» en política tributaria. «Quienes más se soliviantan cuando se habla de la diversidad de los territorios son los que plantean que unas comunidades puedan hacer dumping fiscal (establecer unos impuestos muy por debajo de la media)», espetó.

La vicepresidenta apostó por una política fiscal «armonizada» en todo el Estado, subrayó que la actuación de Madrid es «desleal con el resto de territorios» y lamentó que el dinero extra que recibe gracias a su capitalidad le permite impulsar una política fiscal ventajosa. «¿La diversidad y la simetría no, pero si es para los impuestos de Madrid sí?», se preguntó la también consellera de Políticas Inclusivas, a la vez que dijo que es «un paraíso fiscal dentro del Estado».