Tecnología al servicio de la lucha contra el fraude y la corrupción. Con esa idea base trabaja la Conselleria de Transparencia y Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana, que prevé la creación de una ley para poner en marcha un sistema automático de alertas que permita detectar prácticas corruptas en la Administración, especialmente en la contratación pública. Se trata de una herramienta informática de prospección de datos que es capaz de identificar los procesos administrativos que puedan ser susceptibles de presentar un riesgo de fraude, irregularidad o simplemente mala praxis en las contrataciones.
Este sistema, pionero en España y que dependerá de la Inspección General de Servicios (IGS), permitirá detectar las desviaciones anormales en un proceso de contratación a través de algoritmos que apuntan hacia un posible caso de riesgo.
El objetivo principal es disponer de un mecanismo preventivo de identificación de las malas prácticas para complementar los canales habituales de control (denuncias, fiscalización y auditorías) al no ser suficientes y al activarse cuando los casos de corrupción están ya muy avanzados, según recoge el borrador con el que trabaja Transparencia. «A esta Conselleria no le corresponde la persecución, sino incidir en la prevención», indicó ayer el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien puso a modo de ejemplo que este sistema podría hacer un seguimiento de los datos de facturación de un contrato.
Para ello es fundamental la colaboración de las consellerias. Cada una de ellas deberá aportar la información de las bases de datos que tengan bajo su dirección y que constituirían la base de funcionamiento del sistema rápido de alertas. Además, cada organismo tendrá que elaborar sus propios indicadores de riesgo para poder medir después la desviación de las actuaciones que se enmarcan dentro de los márgenes del buen hacer.
La administración dispone de numerosas bases de datos y registros de la caja fija, de los altos cargos, de contratos, convenios o subvenciones a los que se podrá acudir al contener información pública o realizar un cruce de datos.
Inspectores
El personal inspector se encargaría de la evaluación y análisis de las bases de datos que forman el sistema y de tener reuniones con funcionarios o directivos para su mejor funcionamiento. El modelo con el que trabaja la Conselleria prevé diversas recomendaciones y obligaciones para los casos en los que se detecten malas prácticas, que a su vez se dividen en leves, graves o muy graves. Cuando estas prácticas puedan ser susceptibles de delito trasladarán al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía. El borrador, asimismo, establece que todas las alertas deben ser investigadas y prevé un capítulo de sanciones que todavía está por definir.
La voluntad de la Conselleria de Transparencia es terminar de pulir este primer borrador para presentar una propuesta de ley este mismo año. Según el conseller del ramo, Manuel Alcaraz, una vez se ponga en marcha el sistema, los ayuntamientos u otras administraciones públicas que quieran hacer uso del software generado para este control podrán hacerlo sin coste alguno, ya que el sistema de alertas es, en sí mismo, un sistema informático que permitirá navegar entre todos los documentos generados por la administraciónvalenciana. «Queremos que ese gasto revierta en el resto de administraciones y que si así lo desean puedan tener acceso libre a ese software», señaló Alcaraz ayere a preguntas de este diario.
La futura normativa prevé que el ámbito de actuación del sistema de alertas rápidas -la Conselleria todavía estudia si llamarle Sistema de Alerta Temprana (SAT) o Sistema de Alerta Rápida (SAR)- sea tanto la administración de la Generalitat, como también las entidades autónomas, las de derecho público de la Generalitat, los consorcios adscritos a la misma, las sociedades mercantiles, las instituciones consultivas y normativas y las universidades públicas de toda la Comunidad Valenciana.
