Desde que llegó hace poco más de año y medio al Palau de la Generalitat, Ximo Puig ha repetido una y otra vez que, entre los objetivos, de su mandato estaba que se visualizara en Madrid lo que el jefe del Consell define como el «problema valenciano». O lo que es lo mismo: denunciar la sumisión de la Comunidad a los designios de la Moncloa sin rechistar. Acabar con esa eterna sensación de que la autonomía con dos de las provincias más potentes de España -Valencia y Alicante- no pinta absolutamente nada en las grandes decisiones. Y poner fin a una discriminación en el reparto de la financiación y de las inversiones públicas que le ha supuesto a la Comunidad un expolio, entre una cosa y otra, superior en algo más de una década a los 22.000 millones, más de tres billones y medio de las antiguas pesetas. «Estamos cansados de ofrenar nuevas glorias a España...», ha dicho Ximo Puig en varias ocasiones durante sus visitas a Madrid haciendo un juego de palabras con el himno compuesto por el maestro Serrano.

En su conclusión durante la Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el pasado martes en el Senado, el titular de la Generalitat se mostró «moderadamente satisfecho» por ese calendario para cambiar el sistema de financiación -un asunto clave a resolver en tanto que pone en cuestión el futuro del autogobierno- durante este año 2017. El jefe del Consell deslizó que su postura en la cumbre autonómica -muy clara a favor de reformar el reparto de la tarta del dinero público- suponía de facto avanzar en la denuncia del «problema valenciano». No le falta razón, al menos en primera instancia, al presidente de la Generalitat. Su presión y los movimientos con otras comunidades -Andalucía, Murcia o Baleares...- fueron claves para marcar ese tope temporal y evitar así que la negociación del modelo se pueda eternizar «sine die».

En el borrador que llegó a la mesa de los presidentes había una declaración de intenciones con poca concreción y sin ninguna fecha. Y en su intervención inicial, Mariano Rajoy, entre el desconcierto general, ni siquiera citó la financiación. Por primera vez, un responsable de la Generalitat Valenciana participó en una conferencia de presidentes en defensa de una realidad territorial; con un proyecto, especificó incluso en todo momento, compartido con sus socios de gobierno de Compromís y Podemos pero también con la sociedad civil; y sin atender a una directriz de partido marcada, en este caso, desde Ferraz. Ximo Puig ha buscado aliados de todo tipo: autonomías de gobierno socialista -Andalucía-, con una coalición parecida a la de la Comunidad caso de Baleares, ejecutivos del PP como Murcia y hasta con la proscrita Cataluña, a la que el jefe del Consell quiere atraer a la mesa a pesar del veto de la cúpula del PSOE a Puigdemont. «Cataluña es uno de nuestros socios comerciales principales. Nos interesa», vino a decir Puig. Está dispuesto a sentarse hasta con la popular Cristina Cifuentes a pesar de la polémica sobre las ventajas fiscales que ofrece Madrid, amparada en el beneficio económico del que disfruta por su condición de capital de España.

Una parte del éxito que supone acelerar la reforma de un sistema de financiación que lleva tres años bloqueado le corresponde, por tanto, al titular de la Generalitat. Salir del Senado sin una fecha hubiera sido un sonoro y rotundo fracaso. Pero, más allá del calendario y como ya avanzó este periódico, de la Conferencia de Presidentes Autonómicos únicamente salió un marco de negociación para empezar los trabajos en un mes con la reunión de la comisión de expertos. No se llegó a ningún pacto sobre lo que es realmente importante: cómo se va a articular esa nueva distribución de dinero, las porciones de la tarta que se van a poner sobre la mesa y si la Comunidad tendrá una compensación -vía reestructuración de la deuda o de una condonación- tras más de una década de perjuicio en la financiación. La cumbre autonómica del Senado fue una escaramuza. Una batalla preliminar. Un tanteo. Ahora llega lo importante: conocer la cuantía del cheque que recibirá la Comunidad cuando finalice un proceso que no será fácil.

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, a pesar de evidenciar una actitud más dialogante sin el paraguas de la mayoría absoluta, advirtieron a puerta cerrada de que la recaudación se encuentra en niveles parecidos a los de los años de la crisis, con lo que evidenciaron que no están muy dispuestos a inyectar más dinero en el sistema. Y a la Comunidad sólo le vale mejorar. No sólo con un reparto que ponga fin a la discriminación: 2.400 millones es lo que corresponde de acuerdo a nuestra riqueza y más de 1.300 lo que reclama el Consell. Sino además con una compensación. O aprobar el sistema con carácter retroactivo a 2014 -año en el que caducó el actual modelo- con lo que la Comunidad recibiría unos 4.000 millones extras; o atender una deuda histórica por más de una década de infrafinanciación que la Sindicatura de Comptes cifra en 16.000 millones. Así que cuadrar un calendario está muy bien. Pero sin que llegue el dinero será un tema menor. Ese será el examen del «problema valenciano».