El PP de la Comunidad Valenciana ha presentado una enmienda a la ponencia social que se debatirá en el próximo congreso nacional en la que pide la unificación de la prestación de servicios sociales en toda España. La propuesta supone, en realidad, un cuestionamiento de la política social del Consell y una suerte de aviso al Gobierno central para que supervise la gestión del bipartito. Los populares critican dos cuestiones del departamento que dirige Mónica Oltra: la gestión de la dependencia y el acceso a la Renta Mínima de Inserción. En este sentido, se pide «un marco normativo común para afrontar la ordenación de competencias y financiación en materia de política social garantizando la prestación de servicios sociales adecuados y eficientes y donde el fin sea garantizar los derechos sociales de las personas». Desde el PPCV se pone el acento en la «delegación progresiva en la gestión social desde la Generalitat hacia las entidades locales» y dice que hay dos pegas importantes en esta delegación de competencias. De un lado, que los ayuntamientos carecen de un marco estable de financiación para poder prestar estos servicios con estabilidad y sostenibilidad. Crea, dicen, agravios entre los ayuntamientos en función de las subvenciones que reparte el Consell. Cabe apuntar que el Gobierno central transfiere dinero a las administraciones autonómicas para cofinanciar la dependencia, por lo que la cuestión puede tener enjundia de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación.

Inmigración

La otra medida tiene que ver con el proyecto normativo de la renta mínima de inserción. Los populares advierten de que en la Comunidad se beneficiarán de estas ayudas las personas inmigrantes con independencia de sus situación legal. La ponencia social, en la que ha participado la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, también tendrá otras enmiendas provenientes de la organización valenciana. Así, el PPCV quiere que se incorpore la custodia compartida de los hijos en caso de desacuerdo en el divorcio.