La Conferencia de Presidentes Autonómicos ha acordado incluir en uno de sus documentos el compromiso para reformar el sistema de financiación autonómico tal y como solicitaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En el plazo de un mes se reunirá la comisión de expertos para iniciar los trabajos del nuevo modelo y cerrar un sistema que tendrá efecto retroactivo como mínimo a enero de 2017. A pesar de este acuerdo, la Generalitat mantiene sus reivindicaciones.
El discurso de Puig
Compensar a la Comunidad Valenciana por la falta de financiación. Ese fue el mensaje que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, puso encima de la mesa durante su intervención a puerta cerrada en la Conferencia de Presidentes, cima que se celebra hoy en el Senado, según confirmaron fuentes del Consell. Desde una posición constructiva y de personalidad propia de refuerzo del estado autonómico y también de acabar con la soberbia del centralismo, Puig reclamó un cambio del sistema de financiación con una propuesta concreta que va más allá del tímido acuerdo de mínimos que plantea el Gobierno. Aunque el jefe del Consell no habló de cifras concretas, el Ejecutivo valenciano quiere una compensación por la infrafinanciación que, de acuerdo a los datos de la Sindicatura de Comptes, alcanzaría los 16.000 millones.
El jefe del Consell, durante su discurso, lanzó una serie de propuestas concretas para que el acuerdo que salga de la Conferencia de Presidentes tenga una cierta consistencia y no se convierta en papel mojado. Para Ximo Puig, el nuevo sistema de financiación debe tener un plazo máximo de negociación que no debe alargarse más allá del 30 de septiembre, lo que permitiría elaborar los presupuestos de 2018 con esa nueva previsión de fondos. Y, además, aplicarse con efectos retroactivos desde enero de 2014, fecha en la que caducó el actual sistema aprobado en 2009, todavía con el socialista Zapatero en el gobierno. Puig lleva varias días negociando con otras comunidades para llegar a un acuerdo en ese sentido, contactos que se han intensificado en los pasillos de la cumbre.
Pero, junto a un cambio de la financiación en el que está en juego el futuro del autogobierno, el Consell también reclama una deuda histórica por el expolio que ha sufrido como consecuencia de la falta de financiación. No se trata, expuso el presidente durante su intervención según fuentes de Presidencia, de exigir el dinero del descontrol en la gestión del PP. Lo que pide la Comunidad es una inyección extraordinaria -vía compensación o condonación- del esfuerzo que ha tenido que realizar por la falta de financiación. La Sindicatura de Comptes, en su último informe, cifraba esa reclamación en 16.000 millones, lo que supondría acabar de un plumazo con el 40% de la deuda de la Comunidad. Pero, en cualquier caso, el jefe del Consell deja en manos de la comisión de expertos que debe abordar la propuesta de la financiación que elabore un informe en el que se evalúe el volumen de esa deuda historica.
La Generalitat también reclama, como confirmaron fuentes de Presidencia, una mayor porción de aportaciones económicas para poder atender la Dependencia y, a su vez, un gran acuerdo en materia de infraestructuras no sólo para impulsar obras como el Corredor del Mediterráneo que llevan un ritmo lento de ejecución sino también para que se puedan recabar informes independientes que evalúen de forma objetiva los proyectos del Gobierno de Madrid. Todo el sistema de reparto de fondos del Estado, admitió Puig de acuerdo con estas mismas fuentes, debe tener en cuenta la despoblación como piden las autonomías del norte de España pero también, reclamó el presidente Puig, la recepción de inmigración y la atención a la población flotante, como ocurre en Alicante.
Durante su intervención, Ximo Puig habló de lo que el jefe del Consell viene definiendo como el "problema valenciano" pero en todo caso se comprometió a que las soluciones que se planteen desde la Comunidad serán para todos. El presidente de la Generalitat reivindicó la necesidad de acabar con los tópicos que afectan a los valencianos, fundamentalmente la hipoteca reputacional derivada de los casos de corrupción que han azotado a la Comunidad en los últimos años derivados de al gestión del PP. Por eso remarcó que su posición era compartida con la sociedad civil y las fuerzas políticas valencianas y a la vez exigió una doble lealtad entre los gobiernos autonómicos y de Madrid.
