El PP de la Diputación de Alicante, con el apoyo del diputado tránsfuga Fernando Sepulcre, se cargó ayer de un plumazo en el pleno de la institución provincial las 54 alegaciones presentadas contra los presupuestos para este año, de las cuales 18 correspondían a ayuntamientos se la provincia. Las cuentas, que entrarán hoy oficialmente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), han sido las más cuestionadas de la historia de la institución provincial. Incluso uno de los consistorios que ha alegado contra los presupuestos, el de Dénia, contó con el apoyo del grupo popular de la localidad para tildarlos de «discriminatorios» y reclamar el Fondo de Cooperación Municipal que promueve el Consell.

El portavoz del equipo de Gobierno y diputado de Economía, Carlos Castillo, argumentó ayer que ni una sola de las alegaciones cumplía con la Ley de Hacienda Locales. Con respecto a la presentada por el Ayuntamiento de Dénia, así como con las argumentadas por alcaldes y representantes del PSOE y de los grupos Gent per la Vila, Esquerra Unida y Compromís, indicó que de acuerdo con los informes emitidos por los servicios jurídicos de la Diputación y la Oficina Presupuestaria no se cumplía con las causas establecidas en la normativa. Tampoco el escrito de la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, aunque Castillo resaltó que es «una aspiración mejorar las relaciones con asociaciones que trabajan con los objetivos del desarrollo sostenible».

El portavoz del PP apuntó al finalizar el pleno que las cuentas de la Diputación «se ajustan con total exactitud a los criterios que marca la Ley» y acusó al PSPV de presentar alegaciones de forma sistemática «como maniobra dilatoria» pese a que éstas «carecen de fundamento, ya que no hacen referencia a ningún incumplimiento, ni de la norma ni de la legalidad vigente». También atacó la alegación presentada por el portavoz del grupo socialista, José Chulvi, de quien dijo que no está legitimado para presentar alegaciones ya que suparticipación en los presupuestos se debe realizar a través de enmiendas, como ya hizo.

El equipo de gobierno agrupó 51 de estas alegaciones en una sola al recoger todas ellas lo mismo: que la Diputación se sumara al Fondo de Cooperación del Consell, algo que el PP ya había rechazado en su pugna política contra la Generalitat, que promueve un fondo de 80 millones de euros para los municipios de la Comunidad Valenciana financiado al 50 por ciento con las diputacioines y al que se han adherido ya tanto la Diputación de Valencia como la de Castellón.

Mientras que el PP y el diputado no adscrito rechazaron las alegaciones, PSPV, Compromís y EU votaron en contra de su inadmisión al entender que la Diputación tiene que sumarse al Fondo de Cooperación del Consell, una petición que se reclamaba en la mayoría de los escritos y por el cual la Diputación tendría que habilitar una partida de 13,7 millones de euros.El presupuesto de la Diputación para este año asciende a 260 millones de euros en el capítulo de ingresos y a 238 millones en el de gasto.

Por otro lado, el grupo socialista denunció ayer que el decreto de prórroga de los presupuestos actuales que permite mantener las cuentas de 2016 hasta que no se apruebe oficialmente el presupuesto de 2017 tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) no se ha firmado en ningún momento por el equipo de gobierno, dando lugar a una «anomalía sin precedentes».