La Fiscalía provincial ha archivado la investigación abierta sobre el nombramiento del director del Auditorio de la Diputación de Alicante después de que uno de los siete aspirantes a ocupar este puesto, José de Eusebio, denunciara ante el fiscal Felipe Briones una presunta prevaricación en la elección de Josep Vicent al frente de esta institución.
El teniente fiscal José Llor (a quien el fiscal jefe acordó encargar el asunto sacándolo de la esfera de Anticorrupción) considera que en el proceso denunciado se produjeron «irregularidades administrativas (...) susceptibles de ser alegadas en la jurisdicción Contencioso-administrativo y determinantes de producir la nulidad de procedimiento», pero no cree que se pueda hablar de delito. En el decreto con el que da carpetazo a este asunto precisa el fiscal que «el control de la legalidad administrativa corresponde al orden Contencioso-administrativo» y que para que una decisión sea delito «no basta con que la resolución sea contraria a derecho (...) sino que se requiere que sea injusta (...). Es preciso que la ilegalidad sea evidente, patente, flagrante y clamorosa», concreta. Y añade que «el reproche penal no se manifiesta por la mera infracción de la ley sino en la consciente aplicación torcida del derecho que perjudica o beneficia a alguien».
El nombre de Vicent, que fue elegido director del ADDA en un concurso público a principios de abril por diez votos a favor y dos abstenciones (la de los representantes del PSOE y Compromís) venía sonando como el elegido incluso antes de que se hiciera pública la convocatoria al ser el candidado por el que apostaba Ciudadanos. Esta formación facilitó al PP el Gobierno de la Diputación a cambio de reservarse la elección de los responsables de determinadas instituciones, como el ADDA, el Marq, Suma o el Instituto Gil Albert.
Entre las irregularidades que cita el fiscal se encuentra el que la convocatoria no estableciera objetivamente el baremo para valorar los méritos dejando en manos de la Comisión de Valoración esta tarea, lo que facilita la subjetividad. O que los miembros de este órgano no se nombraran cuando se convocó el concurso, como marca la ley, sino tres meses después. O que para la entrevista al candidato designado sólo estuvieran presentes dos miembros «y una colaboradora», cuando tenían que ser tres.
Para cerrar el asunto, Llor no ha indagado más de las propias bases o de la certificación de la secretaria del Patronato de la Fundación en la que asegura que Vicent se sometió a la entrevista preceptiva durante el proceso de selección un día diferente al del resto de los aspirantes porque así lo solicitó al ser imposible asistir cuando estaba fijada por motivos laborales.
Tampoco ha atendido el fiscal la petición del denunciante de que citara a declarar a uno de los miembros del Patronato quien, al parecer, estaría dispuesto a corroborar que la elección del músico alteano era algo que se sabía en la Diputación incluso antes de convocarse el concurso. Un planteamiento que De Eusebio llevó a la Fiscalía con posterioridad a la denuncia sin que el acusador público argumente por qué ha declinado dejar de escuchar este testimonio.
