Tras una semana de encuentros con entidades sociales; de reuniones más o menos públicas con los líderes de los grupos parlamentarios de las Cortes, incluida la líder del PP y de la oposición Isabel Bonig; de pulsar la opinión de Mónica Oltra, su socia de gobierno y líder de Compromís; y de conversaciones telefónicas o comidas semiprivadas con expresidentes como Joan Lerma o Eduardo Zaplana, a Ximo Puig no le ha cambiado ni un ápice la agenda que, más o menos, ya tenía marcada de cara a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra el próximo martes en Madrid. En su carpeta para esa cumbre, bloqueada por Rajoy durante cuatro años y que ahora se ha visto obligado a convocar en medio del conflicto territorial que se vive en España, el jefe del Consell ha confirmado lo que ya sabía. ¿Dónde debe colocar el foco de la reivindicación? Hay unanimidad y unidad. En un reparto justo de los fondos autonómicos para una Comunidad que sale perjudicada con la financiación, con el nivel de inversión y también con el perverso sistema de inyección financiera en el que se ha convertido el Fondo de Liquidez (FLA).
Puede, dirán unos y otros, que ese relato no suponga una gran novedad. Es cierto. Pero se trata del asunto capital de la escena política. Sin una distribución de fondos ajustada al peso económico de esta Comunidad -el 11% de la riqueza de España-, a su población y al volumen de servicios que presta, simple y llanamente, el sistema de autogobierno valenciano difícilmente se podrá desarrollar de una forma adecuada y dejará de ser viable a medio plazo. Así que este encuentro es una oportunidad de exhibir en Madrid lo que Ximo Puig ya definió como el «problema valenciano», la autonomía sin duda peor tratada junto a Murcia por el actual sistema de financiación; y de arrancar una «garantía» de solución. El jefe del Consell es consciente que de la conferencia de presidentes autonómicos convocada para el martes no surgirá un documento cerrado sobre el nuevo sistema de financiación. Ni siquiera un esbozo del modelo. Pero Ximo Puig sí quiere que salga adelante un calendario con plazos.
En política las expectativas son tan importantes como los resultados. Y el objetivo de la Generalitat es poner encima de la mesa un cronograma que incluya una reunión de la comisión de expertos que debe estudiar el nuevo sistema en el próximo mes y que, como máximo, la negociación del modelo de financiación se pueda alargar durante este año. Ni un día más. Elaborar los presupuestos para 2018 -ya en fechas preelectorales- con una previsión de fondos que, para igualar a la Comunidad con el resto de autonomías, tendría que suponer un ingreso anual extra de 1.325 millones, como el Consell ya ha plasmado en sus cuentas. Junto al sistema de financiación, la Generalitat quiere que se tenga en cuenta la falta de inversiones -unos 6.000 millones menos en los últimos años, de acuerdo con los cálculos de la cámara de contratistas- y una cuestión fundamental: la reestructuración de una parte de la deuda bancaria.
La Generalitat acumula «números rojos» con los bancos por un importe superior a los 40.000 millones, la segunda deuda más alta de toda España en valores absolutos. La mitad, aproximadamente, tiene como origen el rescate del Estado. Inyecciones del Fondo de Liquidez que, en realidad, son préstamos que se tienen que devolver y que han dejado el 70% de la deuda del Consell en manos del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro. El objetivo de Ximo Puig, en una maniobra que por ejemplo ya cuenta con la complicidad de la andaluza Susana Díaz, es que la parte de la deuda que se ha generado como consecuencia de la falta de financiación -unos 15.000 millones en la Comunidad- pase a depender de Madrid. Con otro sistema de financiación y con un 40% menos de deuda, el escenario para el Consell cambiaría por completo.
A la conferencia ni asistirá el lehendakari vasco Íñigo Urkullu ni tampoco el catalán Carles Puigdemont. La ausencia de Euskadi no tiene ningún efecto: cuenta con su propia sistema de financiación diferente al del resto de España y, por tanto, está al margen del debate. La falta de Puigdemont sí es significativa. Puig ha intentado, sin éxito, tender puentes con Barcelona. Cataluña reivindica y acelera los grandes acuerdos. Pero el conflicto catalán, ahora, se mueve en otro plano. Y eso, en esta ocasión, le abre una puerta a Ximo Puig para liderar un frente con Andalucía, Baleares y Murcia para exigir ese cambio del modelo de financiación. Un grupo de presidentes del PP -los de las comunidades del norte y de población dispersa- con el gallego Núñez Feijóo a la cabeza han optado por plasmar su modelo de financiación -negativo para la Generalitat- en los documentos del congreso de su partido. Así que el jefe del Consell tiene una oportunidad casi única de situar a la Comunidad en el centro de un debate decisivo. Ahora o nunca.
