El equipo de gobierno del PP en la Diputación se ha encontrado con un argumento jurídico de peso para utilizar como munición del relato que está construyendo para explicar su negativa a sumarse al Fondo de Cooperación Municipal, una decisión que deja a las poblaciones alicantinas con la mitad de dinero que las de Valencia y Castellón. Un informe de la Interventora rechaza la fórmula que propuso el grupo provincial socialista, dirigido por José Chulvi, para pagar los 13,7 millones de euros que le corresponden a la Diputación de Alicante en ese proyecto. El documento, sin entrar en el fondo del debate político sobre ese plan de la Generalitat, le servirá como base a los diputados del PP para vetar tanto la iniciativa del PSPV-PSOE -ya rechazada a través de una enmienda en el debate de los presupuestos de la institución para 2017- como las alegaciones que han registrado un total de 35 municipios contra el «no» de César Sánchez, impugnaciones que se contestarán en el pleno del próximo lunes.
En el debate de los presupuestos provinciales celebrado el pasado mes de diciembre, los socialistas pusieron encima de la mesa un sistema de pago para «cumplir» con el Fondo de Cooperación. La iniciativa rubricada por José Chulvi y el resto de diputados del PSPV planteaba concertar una operación de tesorería por esa cantidad de 13,7 millones que, a su vez, serviría para cubrir inicialmente una serie de bajas en las partidas del presupuesto. Actuaría como un crédito puente que se devolvería a mediados de año cuando se liquidaran las cuentas del ejercicio anterior y se pudiera disponer de liquidez con los remanentes de tesorería. La enmienda fue rechazada con los votos del PP y de su socio el tránsfuga Fernando Sepulcre. Los populares echan en cara a los socialistas que esa propuesta incumplía un acuerdo previo entre ambas formaciones que, sin embargo, el portavoz del PSPV, José Chulvi, niega por completo que existiera.
Ante la negativa en el pleno de la Diputación, los diputados socialistas solicitaron que la Intervención elaborara un informe sobre su propuesta y, como adelantó este periódico, presentaron una alegación al presupuesto junto a la de 35 localidades, todas ellas gobernadas por la izquierda y en algún caso, como Dénia, también con el respaldo del PP. La memoria de la Interventora de la Diputación echa por tierra por completo la propuesta del PSPV. La operación, según detalla el documento al que ha tenido acceso este periódico, «conllevaría un incumplimiento de la regla de gasto y por consiguiente del plan económico-financiero» ya que, a criterio de la Intervención, el presupuesto se incrementaría en 13,7 millones y rebasaría el listón legal.
Incumplir la normativa sobre el control del gasto en las administraciones, siempre de acuerdo al informe sobre la viabilidad de la propuesta del PSPV, obligaría a la Diputación a acordar, en un plazo máximo de quince días un ajuste -un acuerdo de no disponibilidad en el argot técnico- por una determinada cuantía. De persistir el incumplimiento, Hacienda podría enviar a los «hombres de negro» e, incluso, se podría llegar a la supresión de determinados organismos.
