No es una reflexión nueva. Pero, en esta ocasión, viene una vez más como anillo al dedo. El mandato que condujo a la izquierda a volver al Palau de la Generalitat después de dos décadas de ejecutivos del PP lleva camino de cumplir a rajatabla esa máxima política que define las legislaturas en las que un gobierno tiene la capacidad de desplegar su gestión con una cierta calma como ese corto espacio de tiempo que queda entre campaña y campaña electoral. Ese corto espacio que queda al margen de la algarabía que se genera cuando se acerca la cita con las urnas. Y pasada esta Navidad como punto de inflexión en el calendario para superar un año entero de disputa en Madrid con dos elecciones generales y la vuelta de Mariano Rajoy a la Moncloa, volverá a escucharse ese ruído. Va a empezar a jugarse, todavía con la segunda mitad del mandato del tándem que forman Ximo Puig y Mónica Oltra pendiente, nada menos que la guerra para las autonómicas de 2019. Y una de las batallas más importantes. Una de las que puede ser decisiva para el resultado de esos comicios: la reforma de la ley electoral y la rebaja del listón para obtener escaños -ahora el más restrictivo de España junto al de Galicia- del 5 al 3% de los votos.
El acelerón a la tramitación de ese cambio legal -ya se han iniciado en los últimos meses los trabajos previos y en febrero podría constituirse la ponencia en comisión- con el impulso del presidente de las Cortes, Enric Morera, va a poner encima de la mesa un debate que va a tener una enorme importancia en las posibles alianzas electorales de cara a esos comicios entre las formaciones que pugnan con el PSPV por ocupar un hueco en el espacio de la izquierda: Compromís, Podemos y, ojo, también Esquerra Unida, a la que esta reforma le daría otra vida. Y, desde luego, en la fuerza parlamentaria con la que el único socio posible que tiene el PP para volver a la Generalitat -Ciudadanos- pueda sobrevivir en el hemiciclo del Palau dels Borja. A estas alturas, tanto Ximo Puig como la líder regional del PP, Isabel Bonig, son conscientes de que mantener el gobierno o volver al poder dependerá de nuevo de los pactos. No hay otra.
Ni el jefe del Consell ni tampoco la líder de Compromís, Mónica Oltra, como explicitó hace unos días en este periódico, tienen dudas: apuestan por una segunda versión del Pacte del Botànic. Eso sí, está por ver si, en esta ocasión, Puig vuelve a lograr más votos que Oltra o también se produce el «sorpasso» en autonómicas. Pero, a margen de eso, los socialistas confían en «comerse» a una parte del electorado moderado de C's, asustado de los pactos con el PP; y Compromís en consolidar un espacio aún mayor a costa de ir picando en la sangría que se avecina en Podemos, dominada en la Comunidad por los afines a Íñigo Errejón. En el otro lado del tablero, a pesar de los buenos resultados de las dos últimas elecciones generales, Isabel Bonig, a falta del refrendo de su liderazgo en el congreso que los populares valencianos celebrarán en primavera, sabe a ciencia cierta que será la primera fuerza pero a cierta distancia de la mayoría absoluta. Una situación que, como confiesan en el alto mando popular, casi obliga a darle balones de oxígeno a Ciudadanos, que también tiene por delante un complicado proceso congresual con la lucha por el poder en la Comunidad. La moción de censura de Almoradí y las «ofertas» del PP a los de Albert Rivera para entrar en gobiernos locales le han dado a los populares una oportunidad para intentar perfilar esa estrategia. Así que, a día de hoy, hasta media docena de siglas cogen otra vez sitio en la parrilla de salida para 2019.
La rebaja del listón al 3% -el mismo tope que establece la Ley de Régimen General- es ahora o nunca. ¿Por qué? La reforma de la Ley Electoral Valenciana requiere de una mayoría cualificada de dos tercios. Así que el PP, siempre contrario a esa reducción del número de votos para entrar en las Cortes, no la puede en esta ocasión tumbar. En las últimas autonómicas se quedó en 31 diputados, dos menos de los que le permitirían vetar el acuerdo. En la última reforma del Estatuto -pactada por Francisco Camps y Joan Ignasi Pla- además se quitó la «doble protección» con la que contaba esa ley, por lo que su modificación es una autopista sin ningún tipo de peaje.
Hay consenso para abordar la cuestión entre la izquierda, depositaria de esa vieja reivindicación que durante años mantuvieron viva, especialmente, grupos que ahora forman Compromís; y Ciudadanos que, de esta manera, casi aseguraría seguir en el parlamento evitando darse un tiro en el pie como hizo el CDS en la legislatura que discurrió del 87 al 91. Los centristas, con diez diputados, frustraron en aquella ocasión la rebaja del listón electoral al 3%. En las siguientes elecciones superaron ese tope pero no llegaron al 5%, con lo que se quedaron sin escaños. Junto a C's, la otra fuerza a la que daría aire la operación sería EU, otro posible socio parlamentario para el Botànic. Con unos 75.000 votos, la formación podría volver a las Cortes y la nueva dirección de EU, partidaria de un proyecto nítido y sin ataduras a Podemos, estaría en disposición, al menos, de jugársela en solitario.
Junto a la petición de Ximo Puig para fijar en la ley la limitación de dos mandatos para el jefe del Consell, la otra cuestión de calado que surgirá durante la tramitación será el cambio de las tres circunscripciones provinciales por una sola de ámbito autonómico. En Murcia, por ejemplo, ya ocurrió. Cinco demarcaciones electorales se redujeron a una. La cuestión generaría una enorme polémica, especialmente, en Alicante. Y la mayoría de la izquierda es consciente. Aunque saldrá en la ponencia, desde luego, ni existe consenso ni es una «línea roja» de la negociación que frustre la clave de este movimiento: la rebaja del listón electoral. Empieza el juego para la cita de 2019.
