El futuro de Sandra Casas es ahora una incógnita. La letrada que dejó su trabajo al frente de la plataforma de la dependencia para ocupar la secretaria autonómica de Servicios Sociales no podrá volver a su antigua plaza, al menos durante los próximos tres años. Así lo determina la ley de incompatibilidades que precisamente Compromís promovió en las Cortes y que se aprobó el pasado mes de octubre.

La vicepresidenta del Consell indicó ayer que se tendrán que «estudiar los detalles y los vasos comunicantes» para determinar en qué medida Casas podrá volver a trabajar en la materia en la que es especialista. La portavoz del gobierno reiteró que la salida de Casas estaba hablada desde hacía dos meses y que era pública. «Todas las entidades con las que trabaja lo sabían, porque ella así se lo trasladó», informó Oltra. «El PP lo que intenta hacer es un teatrillo y llevarse el mérito del cese de Casas», añadió en referencia a las acusaciones del PP sobre incompatibilidades.

Unas supuestas incompatibilidades basadas en que cuando Casas era la abogada de la plataforma de dependencia habría tramitado distintos expedientes que llegaron a la conselleria cuando ella misma ya era secretaria autonómica, según denuncia el PP. Se trata pues de una doble incompatibilidad.

Ayer mismo el pleno del Consell nombró a su sucesora. Se trata de Elena Ferrando.